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La activista saharaui Aminatu Haidar ha conseguido respirar un poco más tranquila después de otra larga lucha. Hacia las 20.00 horas y con su documentación en regla tomó un avión hacia El Aiún en el Sáhara Occidental, después de que el Gobierno español le hubiese denegado tanto la renovación del permiso de residencia –que había obtenido desde hace 16 años– como el permiso de retorno, que le impedía volver a entrar a España si decidía salir del país.
«Es una buena noticia para la justicia que el Gobierno de España se haya dado cuenta de su equivocación y haya rectificado a última hora», ha expresado Haidar desde el mismo Aeropuerto de Gran Canaria.
El motivo de la negación, según apunta su abogada, Inés Miranda, era una «extemporalidad», esencialmente un retraso en la presentación de los documentos, «algo que es completamente falso y así lo acreditamos».
Para ambas, esta situación solo podía explicarse en un marco político auspiciado por la relación de Madrid con Rabat tras el giro de Sánchez en el asunto del Sáhara. El actual presidente se posicionó en 2022 del lado de Marruecos en el conflicto del Sáhara, quedándose fuera del marco de las Naciones Unidas y rompiendo con 40 años de relaciones del reino alauita con Argelia.
Desde entonces, este tipo de agravios se han multiplicado para muchos activistas con el objetivo de controlar su participación en foros u organismos supraestatales que defienden los Derechos Humanos, según apuntan.
«Me siento víctima del gobierno socialista», afirmaba Haidar. «Tanto nosotras como la compañera que lleva el caso, Fatma El Ghalia, entendíamos esto como una agresión más contra el pueblo saharaui y el autor no era otro que el Gobierno español», añade Miranda.
La falta de respuesta a sus reclamaciones por la vía administrativa les había hecho optar, incluso, a la vía de lo Contencioso, con el objetivo de que fuera un tribunal quien decidiera sobre las cuestiones formales y de fondo del procedimiento. Por un lado, sobre la autorización para residir en España por razones humanitarias que permite a Haidar tener la asistencia sanitaria a la que no puede acceder en los territorios ocupados. Por otro, el permiso de retorno, sin el que no podía moverse del país para cuestiones tan sencillas como cuidar de un familiar enfermo.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno aprobando ambos llegó en la mañana de este viernes «in extremis», aseguran. Un alivio que durará poco, ya que la fecha de vigencia, concedida por un periodo de dos años, comienza a contar desde el momento en que se le rechazó, es decir, enero de 2022. Por tanto, a finales de este mes tendrá que iniciar una nueva solicitud de renovación: «otro calvario».
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