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Ante la imposibilidad de las dos administraciones de ponerse de acuerdo, será el Tribunal Constitucional (TC) el que dirima las discrepancias que mantienen Canarias y Madrid sobre el decreto de transferencias de las competencias de Costas.
El recurso, una vez que ha sido ultimado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, obtendrá este lunes, con toda probabilidad, el visto bueno del Consejo de Gobierno para que se pueda presentar la próxima semana.
Después de meses intentándolo, el Ejecutivo regional y el Estado buscaron acercar posiciones en la comisión bilateral celebrada en abril pero sin éxito.
Ahora, el Gabinete de Fernando Clavijo confía en que el Constitucional siga la línea iniciada en Galicia, donde tumbó un recurso del Estado y dio luz verde a la ley del litoral gallego, que autoriza a la Xunta a regular las concesiones en el dominio público.
En la citada reunión, el Ejecutivo canario trasladó a los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la necesidad de revisar el decreto de transferencias porque no se ajusta a las competencias exclusivas que son responsabilidad de la comunidad autónoma.
Al respecto, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, indicó esta misma semana en el Parlamento regional que el reconocimiento legal de este traspaso es efectivo desde que las Cortes aprobaron el Estatuto y en este sentido, insistió, «no cabe discusión».
En cambio, el real decreto desarrolla los servicios y funciones en relación con las competencias traspasadas y es en este punto en el que el Gobierno de Canarias lo considera insuficiente.
Ante esta discrepancia «irreconciliable», solo el Tribunal Constitucional «puede dirimir y resolver el conflicto que actualmente nos enfrenta», ha indicado Rodríguez.
El Ministerio que dirige Teresa Ribera, ahora candidata socialista a las elecciones al Parlamento europeo, mantiene que en el traspaso de costas a Canarias -que se hizo efectivo el uno de enero de 2023 después de años de negociación y retrasos- se ha hecho «exactamente lo mismo» que con otras comunidades autónomas.
En la anterior legislatura, el Gobierno de Torres intentó que se convocara la comisión bilateral para poder aclarar las diferencias de criterios entre el Estado y la comunidad autónoma.
A pesar de la intención de presentar el recurso la próxima semana, Canarias no desiste de encontrar una salida negociada, aunque esta posibilidad está actualmente muy lejana por la actitud «inamovible» del ministerio para la Transición Ecológica.
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