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EFE
Santa Cruz de Tenerife.
Miércoles, 30 de septiembre 2020, 01:00
La consejera de Educación, Manuela de Armas, anunció ayer que el Ejecutivo instará al Cabildo de Fuerteventura a tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para toda la montaña de Tindaya, no solo para su cima, como ocurre ahora.
Después de estar defendiendo este patrimonio toda la vida «me acabo de emocionar», contesto a la consejera el diputado de sí Podemos Francisco Déniz, quien había preguntado sobre este asunto en el pleno del Parlamento. Déniz reclama que Tindaya sea «el epicentro» de un gran parque arqueológico que permita conservar los restos culturales que dejaron allí los antepasados majoreros.
El diputado de Sí Podemos ha afirmado que en anteriores mandatos, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, «no contentos con ser promotores del desastre» que, a su juicio, se planeaba en Tindaya, consiguieron que la delimitación BIC se limitara a los grabados podomorfos de la cumbre, cuando «el soporte de esa riqueza arqueológica es toda la montaña», ha defendido. «Este gobierno progresista debe resolver, de una vez por todas, esta triste historia», dijo.
La consejera respondió al diputado que el Gobierno mantiene ese mismo criterio sobre Tindaya, cuyos grabados podomorfos están protegidos desde 1985, pero el resto de la montaña quedó desprotegida. Indicó que se han encargado informes para avanzar las actuaciones de protección y se ha redactado un proyecto para la restauración de los paneles rupestres en la montaña, además de que se va a proceder a su digitalización en tres dimensiones.
Cuando, próximamente, el Gobierno de Canarias cuente con los informes que ha encargado, se instará al Cabildo majorero a iniciar el expediente para declarar BIC a toda la montaña, anunció la consejera de Educación.
La intención del Gobierno regional coincide con la oposición del Cabildo majorero, también en manos de un pacto progresista liderado por el PSOE, de no seguir adelante con el proyecto de realizar en Tindaya el monumento ideado hace más de tres décadas por el escultor vasco Eduardo Chillida. Hasta ahora, los gobierno nacionalistas habían apostado por continuar con la obra pese a los problemas jurídicos y las críticas de ecologistas.
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