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La Consejería de Transición Ecológica ha provisto una 'bolsa' de 468 millones de euros en previsión de que tenga que abonar el pago indemnizaciones por las sentencias relativas a la limitación de los usos turísticos por la segunda moratoria.
Esta cantidad, consignada en 2021, representa el 85% del importe total dotado por el Gobierno de Canarias para afrontar contingencias, que asciende a 548 millones.
Estos recursos figuran como reserva presupuestariapara posibles imprevistos que se puedan producir durante la ejecución del presupuesto.
En este caso, Transición Ecológica ha consignado esta cantidad ante la cascada de sentencias en las que se especifica que la comunidad autónoma debe indemnizar o expropiar a los propietarios de suelo que vieron limitado su uso por la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. De momento, no ha ocurrido ninguna de las dos cosas.
Esta dotación presupuestaria merece una «especial mención» de la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2021, ya que -detalla- hasta el ejercicio 2020 no se había incluido provisión alguna relacionada con este asunto, y al año siguiente la cantidad ascendió a 468,2 millones.
A finales de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó 26 decretos para cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) relativas a la aplicación de la ley turística por el «daño causado» sobre otras tantas parcelas situadas en San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Yaiza y Pájara.
Los propietarios de estos terrenos reclaman una indemnización de 650 millones de euros. En noviembre, el Ejecutivo aprobó otros siete decretos relativos a siete expedientes en Mogán y San Bartolomé. En este caso, los demandantes consideran que deben ser indemnizados con 80,5 millones.
Sin embargo, la evaluación del Ejecutivo dista de estas cifras y considera que la cifra a pagar para las 26 primeras parcelas se sitúa entre tres y cinco millones, ya que entiende que solo se les ha perjudicado por los cinco años en que no pudieron aprovechar esos suelos, y no 50 años como alegan los propietarios.
Lo cierto es que, tras un «largo proceso de pleitos» que llegaron a las más altas instancias -al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional-, como explicó en su momento el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, la comunidad autónoma ha tenido que ejecutar las sentencias, aunque aún queda por resolver la valoración del daño.
Algunas empresas afectadas han señalado que «siguen a la espera» de que se determine el valor exacto para, una vez definido, cerrar un acuerdo «si estamos satisfechos con la tasación».
Los decretos del Gobierno incluyen que los ayuntamientos deben proceder, en seis meses, a un cambio en sus planeamientos para modificar los usos previstos y reclasificarlos como suelo rústico. Si no, el Ejecutivo lo hará de oficio. Cuando acabe este proceso de reclasificación, algunas parcelas pueden ser expropiadas.
A finales de 2021, la Consejería de Transición Ecológica había incorporado algo más de 856 millones en concepto de provisión para responsabilidades por los importes reclamados por los propietarios de los suelos afectados.
Una cifra mayor a la reclamada inicialmente por los demandantes, que asciende a 652 millones. De esta cantidad, 157 corresponden a parcelas situadas en Pájara, 425 a San Bartolomé de Tirajana, 51 millones en Mogán y otros 18 millones en Yaiza.
Según la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, el departamento que dirige José Antonio Valbuena no había determinado la cuantía que corresponde abonar por los procedimientos abiertos, aunque «en casi todos ellos existen requerimientos recientes instando a esta administración para la pronta ejecución de lo resuelto en sentencia y fijación, en su caso, de la indemnización procedente» y estimó una provisión de 856 millones.
Esta cantidad fue rectificada y se rebajó en 204 millones, al entender que se habían incorporado partidas que no debieron ser incluidas y que afectaban a parcelas en Gran Canaria y Fuerteventura.
En cualquier caso, y toda vez que no hay indemnizaciones exigidas por vía jurisdiccional, la administración ha optado por una «estimación fiable calculada» y vuelve a rebajar la cuantía en 184 millones, hasta los 468 que aparecen finalmente consignados
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