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El consejero Julio Pérez durante su intervención en la comisión parlamentaria. EFE
El Gobierno dejó de gastar 30.000 euros para asistencia jurídica a inmigrantes

El Gobierno dejó de gastar 30.000 euros para asistencia jurídica a inmigrantes

Argumentan que estaban asignados a la formación de abogados pero no había demanda y reiteran su compromiso para mejorar el mecanismo

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 4 de mayo 2022, 15:32

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De la partida de 30.000 euros consignados para la formación de abogados en la asistencia jurídica a inmigrantes, el Gobierno de Canarias ha asegurado que no pudo gastar la totalidad por la falta de solicitantes.

Lo confirmó el consejero Julio Pérez en comisión parlamentaria bajo el argumento de que la paralización de los vuelos de repatriación y el trámite de las órdenes de expulsión «no fue necesario». Cantidad que, no obstante, esperan obtener y agotar de nuevo este año. En total, la Comunidad Autónoma destinó 25 millones de euros en su presupuesto a la asistencia jurídica gratuita.

Pérez dio cuenta del compromiso del Ejecutivo por mejorar los mecanismos de la asistencia jurídica para garantizar la dignidad de los migrantes «sean legales, ilegales, menores, causen problemas o no».

En este sentido, subrayó la colaboración con los colegios de abogados, con quien mantienen un diálogo abierto para resolver el conflicto del número de intervenciones máximas y la contribución de la consejería.

Añadió que se ha intentado mejorar el servicio a través de una línea específica para financiar, en la medida de lo posible, la especialización de los abogados en materia de extranjería, inmigración o refugio y asilo, a fin de que haya un turno añadido que pueda acudir a los centros de internamiento o centros penitenciarios.

El consejero se mostró partidario de acompañar la asistencia con un sistema de orientación, ya que aseguró que muchos de los africanos que alcanzaban las costas y podían beneficiarse, entre otros supuestos, de la condición de refugiado no lo solicitaban por desconocimiento de sus derechos.

Por otro lado, el Gobierno se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) el pasado marzo con el objetivo de mejorar estos mecanismos en un proyecto piloto. En concreto, han visto la necesidad de incrementar la presencia de intérpretes para mejorar la comunicación con los migrantes.

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