El Gobierno canario denuncia «presiones» en El Hierro para acoger a más menores

Una serie de «presiones» ejercidas por parte de la Fiscalía y la Policía sobre una ONG en El Hierro para acoger a más menores en sus instalaciones han sido la gota que ha colmado la paciencia del Gobierno de Canarias antes de anunciar que emprenderá acciones legales contra el Estado por «dejadez en la crisis migratoria». Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en rueda de prensa posterior al consejo de este lunes.

En concreto, se trata de 70 niños que arribaron en las embarcaciones durante este fin de semana y que ante la saturación de toda la red de infraestructuras se pedía atender en la isla pese a haber sobrepasado ya el cupo establecido. «La situación ya es sangrante, pero es aquí donde el Gobierno de Canarias se planta y cree que corresponde al Estado poner una solución, porque es algo que venimos denunciando desde hace tiempo», afirmó.

Finalmente, ante la negativa de los trabajadores de la ONG, que argumentaron no tener ya más capacidad, los menores afectados fueron derivados a centros de otra isla, según afirmó el portavoz sin dar más detalles. La isla, que cuenta con una red de acogida de 150 menores, actualmente presta atención a 285 y se encuentra en plena tramitación con Puertos del Estado para levantar carpas a pie de muelle donde poder acoger a más, aunque sin las suficientes garantías.

«La situación en El Hierro es de saturación y desbordamiento total», insistió el portavoz. «Cuando tienes una capacidad para atender con ciertas garantías a 4.330 menores y la sobrecargas con 5.283, ya esos recursos no están operando como nos gustaría. Ahí es donde nos plantamos y dibujamos una línea».

Esta tarde el Gobierno autonómico reúne al pacto migratorio en que están representadas todas las fuerzas políticas excepto Vox para ultimar la hoja de ruta a seguir y que abordará dos asuntos paralelos. Por un lado, el desbordamiento de los recursos en las islas su judicialización; por otro, reiterar un frente común para modificar la ley de extranjería como «solución definitiva» para dar una respuesta «solida» a la crisis de los menores.

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