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Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Efe

Canarias dejará de asignar viviendas públicas por sorteo y lo hará según los ingresos y la necesidad

La consejería de Vivienda utilizará un baremo que permita un modelo «más justo» y tenga en cuenta las «necesidades reales» de los canarios

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de junio 2024, 10:05

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La consejería de Obras Públicas, Movilidad y Transporte del Gobierno de Canarias ha anunciado el inicio de la tramitación para modificar el decreto que regula el sistema de adjudicación pública, que hasta ahora se hacía por sorteo y se empezará a tener en cuenta las «necesidades reales» de los solicitantes, estableciéndose un baremo que mida criterios tales como el nivel de renta, la unidad familiar y teniendo en cuenta posibles circunstancias de enfermedad o discapacidad.

El consejero titular del área, Pablo Rodríguez, indicó en Comisión Parlamentaria que el decreto 128/2007, por el que se regía la adjudicación de viviendas públicas, «no da respuesta a las necesidades reales» de la población y por lo tanto, será objeto de modificación y que la medida más destacada será la eliminación de los sorteos opinando que se realizan ante notario y pueden ser transparentes, «no es lo más justo» y que espera que este cambio sea «muy pronto una realidad», homologando a Canarias con otras comunidades autónomas como Madrid o Asturias.

En la misma comisión, Rodríguez confirmó que el Gobierno de Canarias no prevé convocar este año el bono de alquiler joven al encontrarse prorrogados los Presupuestos Generales del Estado.

10,5 millones

Asimismo, recordó que el bono de alquiler juvenil forma parte del Plan estatal de acceso a la vivienda en el que a Canarias se le asignó una partida presupuestaria de 21,1 millones de euros en dos anualidades, 2022 y 2023, de los que se han podido ejecutar 10,6 millones, con más de 3.000 beneficiarios.

Al no haber partida estatal el remanente de 10,5 millones de euros todavía no ha llegado a las arcas canarias por lo que no se ha iniciado su materialización.

El consejero de Vivienda aseguró que una vez el Estado articule de forma ordenada un plan bien a través de un real o decreto o vía presupuestos generales se «podrá hacer una convocatoria» en la que Canarias propondrá revisar al alza los precios máximos de alquiler: 600 euros para una vivienda y 300 para una habitación.

Canarias no convocará el bono del alquiler joven debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

Rodríguez avanzó que tiene prevista una reunión bilateral con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para el próximo 2 de julio en la que intentará consensuar «una solución», aunque asume que todas las comunidades autónomas viven la misma situación.

El consejero también aclaró, a preguntas de la diputada del grupo Popular María Isabel Saavedra, que las segundas adjudicaciones de vivienda protegida se realizan de manera directa para situaciones de «extrema necesidad» que tiene que ser acreditada por los servicios sociales municipales.

Saavedra mostró sus reproches ante la escasa rotación de la vivienda protegida en Fuerteventura, con el último precedente en Tuineje en 2014, mientras que el número de demandantes no deja de aumentar, al igual que en el resto del archipiélago, donde se superan los 25.000.

A instancias de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, el consejero subrayó que todas las políticas que ha impulsado en materia de vivienda van dirigidas a «aumentar la oferta», bien con la transformación de edificios, locales, oficinas, con la finalización de inmuebles inacabados o la construcción de vivienda pública.

Sobre el programa de vivienda vacía, indicó que la idea es retocarlo para que sea «más efectivo», en vista de que el anterior ponía «tantas limitaciones» que solo una se acogió al mismo, y ha añadido que «a lo mejor esas 200.000» que estima el INE «tampoco son reales».

A preguntas de la diputada de ASG, Melodie Mendoza, sobre las comunicaciones recibidas por varios beneficiarios del bono de alquiler joven en Fuerteventura para que devolvieran cuantías que no les correspondían, realizadas por la Cámara de Comercio, ha admitido que se produjo «una situación no deseable» y que se buscará la fórmula para que esto no se vuelva a repetir.

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