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Cuando aún resuenan las reivindicaciones de los miles de canarios que salieron a la calle para pedir cambios en el modelo económico y turístico del archipiélago, el Gobierno se reúne este martes con los cabildos con el objetivo de alcanzar consensos en torno a la necesidad de impulsar un desarrollo territorial y poblacional «equilibrado, justo y sostenible».
Para ello, el primer paso será establecer puntos de partida en torno al reto demográfico y criterios individualizados que permitan a cada isla planificar su futuro atendiendo a sus propias circunstancias económicas y sociales, porque este asunto no solo tiene que ver con la superpoblación de algunos territorios insulares, sino que es igual de preocupante que otros pierdan habitantes o tengan una población muy envejecida.
En este proceso, el presidente, Fernando Clavijo, quiere que sean los cabildos los que asuman la batuta a la hora de definir qué criterios deben imperar para el desarrollo de cada isla. Por eso, ha convocado la Conferencia de Presidentes, recogida en el Estatuto de Autonomía, que se reúne por primera vez.
En el debate del estado de la nacionalidad, Clavijo ya indicó que «los graves desequilibrios poblacionales» de las islas suponen una amenaza para la sostenibilidad del archipiélago.
El modelo turístico, la vivienda, el transporte o los servicios sociales son aspectos que están fuertemente ligados a este desarrollo y que estarán encima de la mesa en este encuentro y que coinciden con las demandas del 20-A.
La falta de vivienda y el alto coste de los alquileres, así como el rechazo a que el turismo siga creciendo sin límites están entre los principales argumentos del 20A.
Aunque el Gobierno intenta regular esta situación a través del decreto de medidas urgentes para construir más casas públicas y el anteproyecto de ley de Vivienda vacacional, lo cierto es que estas iniciativas, sobre todo la que compete a Turismo, ha generado polémica y ha encontrado de frente a los propietarios.
El año pasado, Canarias recibió 14 millones de turistas extranjeros en sus 545.000 plazas alojativas. De ellas, el 37% -casi 200.000- son de vivienda vacacional, mientras que los hoteles son apenas un 10% más. En las islas hay seis municipios -Pájara, Yaiza, Mogán, San Bartolomé, Tias y Adeje- que ya tienen más plazas turísticas que residentes.
Además, está abierto el debate en torno a las zonas tensionadas, una posibilidad que, en principio, el Gobierno no ve porque entiende que las propuestas contempladas en su decreto de vivienda «son más eficaces». Según la Consejería de Vivienda, más de 20.000 familias demandan una casa protegida y la proyección es que se puedan construir en torno a 3.000 cada año.
Crecimiento
La posibilidad de implantar una ecotasa, una tasa por acceder a los espacios protegidos e incluso una subida del IGIC con caracter finalista se han puesto encima de la mesa en las últimas semanas.
El Gobierno ha ido modificando su planteamiento y tampoco existe una postura unánime entre los socios. Los dos cabildos capitalinos se han mostrado partidarios de una tasa en los espacios naturales que revierta directamente en la conservación de sus respectivas islas.
En este sentido, Antonio Morales no considera conveniente una moratoria ni al sector hotelero ni al alquiler vacacional, como exigieron los manifestantes convocados por Canarias tiene un límite.
Asegura que Gran Canaria no está amenazada por macro proyectos turísticos -como ocurre en Tenerife con La Tejita y Cuna del alma- que condicionen el litoral ni por un crecimiento desproporcionado en la oferta hotelera. De hecho, y según ha apuntado, en los últimos 15 años en Gran Canaria solo se ha construido un gran hotel.
En este sentido, la realidad de cada isla es muy distinta: en los últimos 25 años, Lanzarote ha crecido un 70%; Fuerteventura, un 100%; Tenerife un 35% y Gran Canaria un 15%.
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