El Gobierno baraja ir al Constitucional por las competencias de Costas

Rodríguez responde así a las declaraciones efectuadas esta semana por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en las que indicaba que Madrid convocará la comisión bilateral, tal como ha solicitado Canarias, para abordar una «renegociación» sobre Costas pero se mostró convencido de que será difícil llegar a puntos de encuentro.

Aseguró que el documento firmado para estas transferencias, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023, es el «mejor posible».

En este sentido, el consejero canario reprocha al ministro y expresidente del Gobierno de Canarias su cambio de posición y califica de «decepcionante y sorprendente» que asegure que son las mejores transferencias «cuando hace no tanto consideraba necesario acudir al Constitucional para que se tuvieran en cuenta los derechos de los canarios recogidos en el Estatuto de Autonomía».

El Gobierno de Canarias, mantiene Rodríguez, «no va a desistir del empeño» de que las transferencias se lleven realicen tal y como recoge el Estatuto porque, apostilla, «somos mayores de edad para gestionar nuestra costa y hacerlo de manera eficiente, cercana y porque además creemos en el autogobierno».

Los nacionalistas, apunta, «no cambiamos de opinión como sí ha hecho el dirigente socialista», a quien echa en cara que tenía una postura cuando era presidente del Gobierno, otra cuando lideraba la oposición en el Parlamento de Canarias y ahora que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros «tiene otra diferente y los intereses de Canarias ya no son tan importantes», dice.

En defensa de los intereses de la comunidad autónoma, agrega el titular de Obras Públicas, el Gobierno de Fernando Clavijo insistirá en que se convoque la comisión bilateral entre el Estado y Canarias -solicitada de manera urgente a mediados del pasado mes de diciembre- y seguirá manteniendo encuentros con distintos ministerios para que las competencias de Costas «se puedan ejercer desde el archipiélago de manera más eficiente más próxima».

Sobre todo, apunta, con la «sensibilidad» necesaria por la importancia que el litoral tiene para el desarrollo social y económico del archipiélago.

Uno de los asuntos más complejos y que ha obstaculizado la negociación de este traspaso ha sido el relativo a los dos hoteles de la empresa Riu que se alzan sobre el espacio protegido del parque natural de las Dunas de Corralejo: el Oliva Beach y el Tres Islas.

El conflicto fundamental radica en que el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad concedidos a Riu, mientras que desde Canarias se considera que una vez firmadas las transferencias, la responsabilidad es del Gobierno autonómico.

El real decreto que estableció las condiciones de las transferencias de Costas no aclara el asunto. De hecho, a mediados de 2023, Madrid incoa la caducidad de la concesión en dominio público marítimo-terrestre en las Grandes Playas de Corralejo, lo que entra en contradicción con la licencia de reforma que Canarias otorgó a Riu antes de las elecciones locales y en base al traspaso de competencias.