Una de las manifestaciones de los interinos a principios del pasado enero, tras convocar una huelga que ya se ha alargado otro año. / ARCADIO SUÁREZ

El Gobierno avanza con el plan estatal sin previo acuerdo con el comité de interinos

El personal temporal asegura que la convocatoria de la Mesa de Negociación incurre en la ilegalidad al haber un conflicto abierto

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La convocatoria de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para atajar el problema de la temporalidad ha pillado por sorpresa al comité de huelga. Si bien la semana pasada habían mantenido una reunión con la dirección general de Función Pública en la que se mostraron «optimistas» al vislumbrar «algunos avances», ahora reconocen que la Administración no ha llevado a cabo ninguna negociación real ni efectiva y que, de hecho, está incurriendo en la ilegalidad.

Entienden que es en el marco del comité de huelga donde deben alcanzarse las condiciones para poner fin al conflicto, con lo cual no puede iniciarse negociación alguna en otro ámbito. «No puedes lanzar una convocatoria de este tipo cuando hay un conflicto abierto porque estás impidiendo el derecho a la huelga», reclama Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y asesora del comité.

«Ya estábamos reivindicando que el Gobierno no cumplía con el acuerdo, pero es que ahora tenemos que hacer valer también el órgano de negociación, que es el comité, porque lo han vuelto a ningunear».

A la Mesa de Negociación, que prevé celebrarse el 17 de este mes, están llamados una amplia representación de sindicatos, tanto los que se mantienen en protesta desde hace más de un año-Sepca e Intersindical Canarias, dejando fuera a Cobas- como los que no -CSIF, UGT y CC.OO-.

Para el comité, volver a celebrarla implicaría volver a la situación de julio de 2021, «como si todo este año de protestas no hubiera servido de nada», critican.

La intención del Gobierno estatal es reducir a un 8% la temporalidad en un periodo de tres años

La intención de la dirección general es abordar un «análisis preliminar sobre los puestos a incluir en los distintos procesos de consolidación y estabilización y criterios generales», lo que daría continuidad a lo planteado en el ámbito estatal.

Sin embargo, este planteamiento encuentra distintas posturas entre los sindicatos, aunque desde el comité asegura que sus quejas siempre han ido dirigidas a la Administración. «Si continúan en esta línea, tomaremos las acciones oportunas para garantizar la legitimidad del comité», avanza un comunicado.

La tensión entre ambas partes ha ido en incremento desde el verano pasado. Ya en diciembre se había dado por roto el diálogo tras una reunión «frustrada» con la Mesa Jurídica y la prolongación de la huelga a principios de año. La situación llevó a avanzar por la vía judicial con el asesoramiento del abogado laboralista Manuel Martos, y a día de hoy no descartan emprender acciones legales.

No obstante, la reunión mantenida la pasada semana parecía abrir nuevamente las puertas a resolver el conflicto, a la espera de que la dirección general aportara la documentación de los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad.

Una solicitud que los interinos habían requerido a la Administración como punto de partida para establecer las futuras propuestas destinadas a garantizar la permanencia en sus puestos de trabajo.

La dirección general se comprometió entonces a remitirla antes del 1 de febrero, aunque el comité señala que no es la primera vez que se saltan los plazos: el pasado julio, en la única Mesa de Catálogo celebrada, el viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, se comprometió a trasladar dicha información en una semana asegurando que se encontraba «prácticamente realizada».

Conocer quiénes son los que se encuentran en fraude de ley, insisten, es la clave para seguir avanzando. «No se entiende que se hayan demorado un año para preguntar esto», critica Cívicos.

Los datos que manejan los sindicatos se remontan a 2014 y apuntan a unas 4.000 personas afectados por el fraude de ley. Esto se suman las nuevas interinidades a raíz de la gestión de los fondos europeos, avaladas por la reforma laboral. «Sin mencionar que Canarias no tiene capacidad para organizar esos procesos, de fondo es una incoherencia».