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Las concesiones en dominio público marítimo-terrestre son competencia exclusiva de Canarias una vez aprobado el Estatuto en 2018 y, por tanto, el Estado invade competencias de la comunidad autónoma.
Sobre esta base, el Consejo de Gobierno ha dado este lunes el visto bueno a la presentación en los próximos días, por parte de los servicios jurídicos, de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender las plenas competencias del Ejecutivo regional en materia de Costas.
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El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, puntualizó al respecto que Canarias «siempre mantendrá abierta la vía del diálogo» para resolver este asunto de manera extraprocesal, a pesar de haber constatado que Madrid «no tiene intención, no les interesa» traspasar las competencias exclusivas sobre la gestión del litoral.
El Estado, dijo, mantiene una posición «inamovible» y «arrogante» que achacó, no a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sino «más abajo, a la estructura del Ministerio», como ya se observó en la reunión de la comisión bilateral de abril, dijo.
Rodríguez recordó que este conflicto es previo a esta legislatura y tanto el Gobierno que presidió Ángel Víctor Torres (PSOE) como el actual han mantenido la misma posición respecto a Cotas. Agregó que el tiempo medio del Constitucional para ofrecer un falló es en torno a un año.
En su recurso, Canarias solicita al TC que «declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la comunidad autónoma» en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, que recoge «la competencia exclusiva de ordenación del litoral».
Esto incluye «el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende Madrid».
Apunta al respeto el Gobierno autonómico en un comunicado que se pide la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003 al Hotel Oliva Beach de Fuerteventura.
Pablo Rodríguez mantiene que el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de la gestión del litoral se obtuvo con la aprobación del Estatuto y ante este hecho «no cabe discusión». En cambio, las diferencias se centran en el real decreto que establece el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas.
El Gobierno de Canarias señala que ya existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral.
Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, considera «muy importante» la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia. En este fallo contra el Estado, el TC sostiene que «las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales».
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