Emergencia energética en Canarias

El Gobierno aspira a sacar 1.000 megavatios de potencia eléctrica de forma extraordinaria

Así lo aseguró ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante su intervención en un acto celebrado en CANARIAS7, y en el que aseguró que esta medida excepcional se puede adoptar bajo el paraguas de la declaración de emergencia energética aprobada por el Consejo de Gobierno a principios del mes de octubre.

Clavijo aseguró que la convocatoria de los 250 MW, que se cerró ayer, había ido muy bien, ya que se habían presentado varias ofertas por cada uno de los lotes (120 MW en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura). Como el plazo se cerró a las 12 de la noche desde la Consejería de Transición Ecológica no se facilitó información de las ofertas presentadas a la espera del registro hoy.

La idea del Gobierno, agregó, es adjudicar la generación de esos 250 MW y, de forma paralela, y una vez se acredite que el déficit es mayor, «sacar el resto de forma extraordinaria» amparado por la citada declaración de emergencia. Al mismo tiempo, apuntó que el Estado camina con su concurso que «va a más largo plazo». Algunas fuentes estiman que el concurso se demorará varias años.

Clavijo fue criticó tanto con el operador del sistema, REE, como con Endesa, que permitieron que se llegar a la situación actual. «Había una realidad de déficit de generación de energía que Red Eléctrica no veía y Endesa no comunicaba» y el apagón eléctrico de La Gomera vino a «sacudir» esta situación.

El jefe del Ejecutivo autonómico indicó, en este punto, que «le hubiera gustado» que las islas registraran una mayor penetración del gas porque «se hubiera caminado mejor» ante esta emergencia. Coalición Canaria ha defendido la introducción del gas en las islas como transición hacia las energías renovables.

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, su presidente, Carlos Medina, mostró ayer sus dudas a la intención del Gobierno de Canarias de sacar de forma extraordinaria un total de 1.000 MW de potencia, a la espera del concurso. Según señaló, jurídicamente es «inviable» porque no se pueden adjudicar ese volumen de megavatios mediante un «concursillo exprés». «Hablamos de un problema estructural que no se puede resolver así», apunta. Recalca que esos 1.000 MW suponen el 40% de la actual potencia instalada en el archipiélago y que asciende a 2.500 MW.