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Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez (c) y Julio Pérez (i) ayer en el Parlamento. EFE
El Gobierno se aferra a que el caso Mascarillas fue el único fallido

El Gobierno se aferra a que el caso Mascarillas fue el único fallido

El Grupo Popular volvió a pedir responsabilidades políticas por la pérdida de cuatro millones de dinero público y la falta de control en el proceso

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 13 de diciembre 2022, 01:00

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El Gobierno de Canarias se aferra a que el contrato con la empresa RR7 United para el suministro de mascarillas -y que finalmente resultó un fraude- es el único fallido de los 4.000 que se formalizaron durante 2020 para la gestión del coronavirus,

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez -que compareció ayer en el Parlamento regional a petición del Grupo Popular como extitular de Sanidad en funciones en el momento en que se firmó el citado contrato-, reiteró ayer que la actuación del Ejecutivo durante la pandemia fue «ejemplar» y calificó este asunto de «una anomalía» para explicar la pérdida de cuatro de millones de dinero público.

LOS DATOS

  • 4.000 expedientes. Julio Pérez indicó que en 2020 se firmaron 4.000 contratos por 500 millones para abordar la emergencia sanitaria.

  • Sin cualificación. De las «cientos» de empresas con las que se firmó contrato, solo seis carecen de cualificación en el sector sanitario, un extremo del que «puede prescindirse en caso de emergencia».

  • Cuatro millones. El Gobierno pagó por adelantado cuatro millones a RR7 por el suministro de un millón de mascarillas que no llegaron a sanidad.

Insistió en que se tramitaron en torno a 500 millones de euros en 2020 -solo en la Consejería de Sanidad fueron 238 millones-, lo que significa, en su opinión, «el caso Mascarillas «fue la excepción, no la regla».

Además, el consejero, y en respuesta a las preguntas realizadas por el diputado popular Carlos Ester, afirmó que ningún miembro del Gobierno «tuvo contacto con ninguna de las empresas adjudicatarias de concursos» durante este proceso.

Apuntó que, en cuanto el Ejecutivo tuvo conocimiento de lo ocurrido con este contrato, se personó en el procedimiento legal y colabora con la Justicia para recuperar el dinero.

Opinión, no informe, de la Audiencia de Cuentas

Hizo hincapié en su intervención en que el informe de la Audiencia de Cuentas -que planteaba que se pudo incurrir en responsabilidad contable al contratar la compra un millón de mascarillas por cuatro millones que nunca llegaron a su destino-, no fue tal informe porque fue rechazada por el pleno del órgano auditor. Julio Pérez calificó este informe como una «opinión personal, particular» del auditor que lo realizó.

Sus respuestas no contentaron ni al diputado solicitante, Carlos Ester, ni al parlamentario de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez, quienes mantuvieron que en las 23 iniciativas que se han presentado en la Cámara para abordar este asunto, el Gobierno ha eludido dar explicaciones satisfactorias. «No ha dicho ni mú», dijo Ester-.

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Para el popular, esta actitud responde a una orden expresa del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que se «esconde en un acto de cobardía» y «quiere enterrar» este asunto, reiteró en varias ocasiones el diputado del PP, que apuntó que su formación continuará reclamando responsabilidades políticas porque la situación de emergencia, señaló, no exime del control del dinero y del proceso.

Al respecto, Pérez -que no estuvo acompañado por ningún otro miembro del Gabinete durante su comparecencia- aseguró que el Ejecutivo ha traído al Parlamento toda la información «necesaria» y se han dado respuestas a todas las iniciativas que se han presentado.

En cualquier caso, se remitió al secreto del sumario y a su desconocimiento sobre algunos aspectos relacionados con el caso para no aportar detalles que requería la oposición.

En este sentido, Díaz Estébanez calificó de «increíble» que el consejero, que en aquel momento tenía las competencias de Sanidad y ejerce como secretario del Consejo de Gobierno, «se enterara por la prensa».

Recordó además que frente al «peregrino argumento» de que el caso Mascarillas está judicializado para rechazar una comisión de investigación parlamentaria, esta circunstancia no ha sido obstáculo para hacerlo en otras ocasiones y en distintas instituciones.

Por otro lado, sobre otro de los contratos que se hicieron y que mantenían seis millones de material «inservible» en La Candelaria, Pérez detalló que ya se han aprovechado 4,5 millones.

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