Fomento torpedea la ayuda a los residentes desde hace seis años

El retraso de la entrada en vigor del aumento al 75% primero y la posterior recuperación de la arbitraria tarifa bonificable -decisiones ambas en las que el ministro Ábalos ha tenido que dar marcha atrás en pocos días ante el revuelo político y social generado- constituyen solo un ejemplo más de los sistemáticos intentos que viene haciendo Fomento desde el año 2012 de limitar o dificultar el descuento a residentes.

Tanto es así que entre las fuerzas políticas e instituciones de Canarias ha tomado forma la convicción de que al margen de las siglas e intenciones del Gobierno central de turno, en el Ministerio que ahora dirige José Luis Ábalos debe haber algunos funcionarios empeñados en poner palos en las ruedas al descuento de residentes, que tratan cada cierto tiempo de «colar» alguna trampa burocrática que pueda servir de percha para cercenar el derecho vigente.

El convencimiento de que existe una clara tendencia funcionarial a considerar como un privilegio el derecho de los canarios a moverse por el territorio nacional en las mismas condiciones que el resto de los españoles la comparten desde el presidente canario, Fernando Clavijo, hasta los socialistas isleños, persuadidos de que los técnicos de Fomento le han metido un par de goles por la escuadra al ministro Ábalos, que han devenido en los posteriores quebraderos de cabeza.

El representante de NC en el Congreso, Pedro Quevedo, ve también la mano de los funcionarios del Ministerio detrás de la coletilla de la enmienda a los Presupuestos que obliga a una autorización posterior para poder aplicar el 75% y detrás del intento de retomar la tarifa bonificable como base para calcular el descuento, pero no por ello exime de responsabilidad política al Gobierno del PSOE, como tampoco cree que fueran inocentes los amagos del anterior Ejecutivo del PP. «Está claro que los canarios no nos podemos fiar de nadie y que tenemos que estar muy vigilantes en la defensa de nuestros derechos, gobierne quien gobierne», señala Quevedo.

Y es que se trata de una cuestión que viene de lejos. En la última etapa, ya con el descuento del 50% en vigor, fue la entonces ministra de Fomento del PP, Ana Pastor, quien en 2012 hizo los primeros movimientos, primero al obligar a los pasajeros desde septiembre de ese año a presentar el certificado de residencia a la hora de volar, y luego al incorporar al proyecto presupuestario de 2013 la posibilidad de «fijar cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo».

Esa fue la primera vez que el departamento de Fomento puso sobre la mesa la idea de marcar un precio máximo de referencia a partir del cual no sería aplicable el descuento, pero ni mucho menos la última. En mayo de 2016, el Gobierno de Rajoy a pesar de estar en funciones comunicó a Baleares y Canarias su intención de poner límite a la bonificación a residentes para los viajes en grupo y a las empresas que viajan con regularidad, aunque nunca llegó a aplicarse esta medida.

En 2018 el Ministerio de Fomento ya ha agitado el espantajo de la tarifa bonificable en dos ocasiones: en febrero, durante la negociación del REF económico bajo el mandato de Mariano Rajoy, y la semana pasada, en el decreto ley que impulsó el Ejecutivo socialista presidido por Pedro Sánchez de la mano del titular del área, José Luis Ábalos.