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La fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, advirtió ayer a Canarias que estará vigilante para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las vividas en las últimas semanas, con menores esperando durante días en camillas a ser reubicados en centros después de pasar seis días en una patera, en un viaje incierto a Canarias.
No obstante, pese a la saturación en los recursos de acogida, aseguró que se está trabajando, en general, «con diligencia» en los centros del archipiélago donde se le da respuesta a los niños y niñas que llegan en patera o cayuco a las islas sin la compañía de un familiar. Todo ello, «teniendo en cuenta la situación excepcional» que se vive en estos momentos, en la que están en juego aspectos «muy importantes como los derechos» de la infancia migrante.
Sin embargo, para que se puedan garantizar sus derechos, se tienen que plantear «muchos recursos, que tienen que estar disponibles lo más rápido posible». En caso de que no se trabaje con diligencia, dijo, «para eso está el fiscal», que se mantendrá vigilante. Así lo manifestó en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía Superior en Santa Cruz de Tenerife este miércoles.
La visita de Gisbert coincide con un momento complicado y en plena negociación de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de los niños y niñas que llegan a territorios con sus recursos bajo presión, como es el caso de Canarias. Para conocer de primera mano esta realidad, visitó, en compañía de la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, el centro de menores y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (Cate) de El Hierro. Además, este miércoles también se reunió con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Y es que, a día de hoy, son en torno a 5.500 jóvenes a los que da atención las islas en solitario.
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Por ello, la fiscal transmitió que llevan «mucho tiempo preocupados»por esta realidad. La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, sostuvo que «desde hace siete años» el Ministerio Público viene avisando de que las disfunciones en la atención de los niños y niñas mejorarán si existe ese reparto equitativo que se busca con el cambio en la ley de extranjería. En la misma postura se mantuvo Gisbert, que transmitió que, desde la Fiscalía, se entiende que la solidaridad entre los territorios tiene que ser «imprescindible», ya que de lo que se habla es de las personas «más vulnerables»:los niños y niñas.
Disfunciones que la propia Fiscal de Menores del Tribunal Superior pudo conocer en este viaje al archipiélago. Por ejemplo, destacó lo que ocurrió la semana pasada con dos menores de 14 y 16 años, respectivamente, que pasaron «dos días y pico a la espera de que se solucionara su traslado» en Fuerteventura.
En estos supuestos, la fiscal indicó que no hay que determinar «cuántos días»estarán esos jóvenes esperando a ser reseñados y derivados, sino que se trata de una cuestión con una espera de «horas».
A ello se suma el caso de tres menores que, tras una travesía de seis días, esperaron dormidos en unas camillas en el Cate de El Hierro a ser derivados. Aunque, apuntó, estos son «casos puntuales», sí que aboga por agilizar los procesos y buscar soluciones que sean «operativas y más rápidas», como la posibilidad de que algunos procesos se terminen mediante la vía telemática. A su juicio, se va «por el buen camino».
En las conversaciones con la titular de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, constató el «espíritu de todos de garantizar los derechos de los niños», por lo que valoró que se están mejorando algunas situaciones «que hasta ahora se han podido producir de manera momentánea».
De la misma forma, Gisbert informó de que se han establecido unas «líneas mínimas» de actuación para así evitar que se produzcan escenarios en los que se vulneren los derechos de los menores. La fiscal trasladó su reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad del Estado y las ONG, que hacen un «trabajo magnífico» en la atención de estos chicos y chicas.
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La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, apuntó que los casos de presuntos maltratos a menores migrantes en los centros de acogida de las islas no son consecuencia de la saturación que hay en los recursos, sino de la forma de actuar de las personas.
Hay dos procedimientos abiertos en cada una de las provincias, lo que no significa «que vayan a acabar en denuncia», explicó Martínez. Por el momento no ha podido más información.
Sobre el protocolo de acogida de menores aprobado por el Gobierno de Canarias en septiembre, que se encuentra suspendido de manera cautelar, apuntó que todo está en manos de «lo que resuelvan los tribunales». De la misma forma, apuntó que aquellas disfunciones que se han podido producir no dependen de nadie, sino de la situación de colapso que impera en los centros.
El Tribunal Superior de Justicia del archipiélago mantiene suspendido cautelarmente el protocolo aprobado por el Gobierno regional, si bien, reconoció algunas de las quejas elevadas por el archipiélago. El TSJC entiende que con este protocolo se podría incurrir en un delito de abandono, al poner en riesgo los derechos de los menores. Por su parte, el Ejecutivo autonómico elevará un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso del TSJC.
La Fiscal Superior de Canarias aseveró que, en la reunión que tuvieron ayer con el Gobierno canario, se llegó a la conclusión de que la situación «se va a solventar» y que «no hay mayor problema». Además, indicó que se ha mejorado en la reseña de los niños y niñas que llegan a las costas, con lo cual se va a poder dar «una mayor seguridad para evitar confusiones».
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