Faustino G. Márquez: «La Ley del Suelo es un ‘harakiri’ del Gobierno»
Miembro de la plataforma contra la ley del suelo, reconoce que la cámara mejoró «algo» la norma, pero el balance «sigue siendo negativo». Aunque no cree que se genere una nueva burbuja, está seguro de que habrá actuaciones «impropias y de impacto serio»
— ¿El Gobierno hace dejación de sus competencias con esta ley?
— Totalmente. Es el primer harakiri territorial del Estado. Es una renuncia en toda regla en favor de los ayuntamientos, aunque a última hora se recuperó la evaluación ambiental estratégica de la ordenación estructural de los planes de menos de 100.000 habitantes. El Gobierno ha desmantelado su propio instrumento de ordenación, lo que constituye una situación insólita en la cultura urbanística del Estado, igual que reconocer la capacidad absoluta de aprobación a los ayuntamientos de su propio plan general y autoevaluarse. Se ha pasado al otro lado del espejo. Quizá había cosas revisables entre 1994 y 2003 -que fue la etapa más intensa de legislación territorial en sentido más limitativo o sostenible-, pero existen puntos medios hasta el actual fomento del crecimiento y ocupación poco ordenada del territorio.
— ¿Era necesario una revisión de la legislación territorial?
— Sí, sobre todo porque la segunda etapa del mandato anterior fue un cúmulo de modificaciones, puntualizaciones, cambios...
— La maraña existía.
— Evidentemente. Había infinidad de modificaciones de la ley de ordenación y de las directrices y era necesario limpiar. Se podía barrer en montón de direcciones, pero la escogida por el Gobierno es una respuesta a la coyuntura para impulsar la actividad económica relacionada con el territorio y generar riqueza. Y eso, si uno se pasa, puede ser bastante peligroso, y yo creo que en ese caso, la legislación se pasa, sobre todo en lo que atañe al legado y a las consecuencias.
— La ley da poder a los ayuntamientos, y unos lo entienden como la creación de un reino de taifas y otros como el reconocimiento de la mayoría de edad de las corporaciones locales.
— Es significativo que ésta sea la comunidad que ha llegado más lejos en ese sentido. Efectivamente, el Gobierno no está exento de errores o desviaciones de poder, porque ahí puede incurrir cualquier administración, pero el problema es de capacidad y de garantía de que se consideren todos los aspectos, incluidos los de cohesión territorial. Un ayuntamiento está obligado a ordenar en beneficio de su actividad económica, su población, etc. El poder que tienen las administraciones supramunicipales, sobre todo la autonómica, es limitar la colisión de intereses entre unos y otros y dibujar un modelo más cohesionado territorial y socialmente. En la medida en que se debilita la capacidad de decisión de las administraciones supramunicipales se debilita la capacidad de reequilibrar a través del territorio.
— En este trámite de aprobación de la ley se la Cotmac.
— Lo que se ha olvidado en este debate es quién forma la Cotmac. Quienes votan son altos cargos de la administración autonómica y representantes de las islas y la Fecam, políticos todos. Lo que está presente en esa discusión, aunque no se dice publicamente, es un ataque a los técnicos autonómicos, no porque sepan más o sean más estrictos, sino porque puede haber habido una actuación más legalista. Y siempre quien decide ofende al que suspende. Eso va creando resquemores y, al final, lo que se consigue es la demonización. Se concentran todos los males en un muñeco, se quema el muñeco y parece que se acabaron los males. Si se cargan la Cotmac no tendrá ninguna incidencia, porque siempre deberá existir un órgano político colegiado que decida. Los técnicos solo informan.
— Pero la Cotmac era el frontón al que llegaban las posibles incidencias. Ahora ese control está en los juzgados. ¿No es simplemente desplazar la responsabilidad?
— Exacto. Es complicarlo. A la Cotmac le han tirado bastantes planes, su existencia no es garantía de que no haya problemas, pero si quitas ese filtro, generas más problemas en la fase final, en la fase judicial, que tiene el inconveniente de que tampoco es perfecta. Y además las decisiones se toman cuatro años después, cuando lo hecho, hecho está, o no se ha podido hacer. Quitar el filtro de legalidad que existía es perder un seguro.
— ¿Es un contrasentido que la mayoría de los ayuntamientos no haya sacado adelante sus planeamientos y ahora se deje en sus manos toda la responsabilidad?
— Ojo, se deja en sus manos la aprobación definitiva del planeamiento pero se pone encima del tablero unos atajos -los proyectos excepcionales, proyectos de interés, las ordenanzas provisionales e incluso lo que era el artículo 47 y que ahora es el 168- que son muy potentes. Ahora todavía tienen menos incentivos para hacer un planeamiento convencional no sólo porque cae sobre ellos la responsabilidad de la aprobación definitiva, sino porque no tienen muchas veces la capacidad. Con eso, y los atajos para resolver determinados problemas, ¿para qué quieren meterse en el follón del planeamiento? Se le da a las administraciones locales una responsabilidad enorme y además se les facilita vías para resolver sus problemas eludiendo esa enorme responsabilidad. Ahora hay hasta ocho figuras excepcionales que convergen y que requieren rapidez, escasa información pública, escasa evaluación ambiental... Se ponen los instrumentos para hacer la música que se quiera.
— ¿Le parece que esta norma prepara el terreno para la ley del turismo?
— Si los principios de la futura ley del turismo vienen en la misma dirección, que dios nos coja confesados. Entre 1992 y 1997, la subida de turistas extranjeros fue un 64% al año. Y saltaron las alarmas, se establecieron directrices, moratoria, posibles límites a la inmigración, etc. etc. Entre 2009 y 2016, el incremento fue del 67%. Y no pasa nada. Nadie se plantea que tiene que haber límites. Da la impresión de que podemos soportar todos los millones de turistas sin que ocurra nada. Las circunstancias económicas son determinantes, pero por hacer políticas coyunturales y cortoplacistas podemos estar jugando con la gallina de los huevos de oro. Y eso es peligroso.
— ¿Qué mejoró el Parlamento?
— Son detalles aislados. Los planes insulares han recuperado parte de su capacidad de ordenación, algunas determinaciones sobre suelo rústico, la evaluación ambiental estratégica para municipios de menos de 100.000 habitantes pasa a la Comunidad Autónoma, en el suelo rústico se han recogido un par de enmiendas para acotar los usos complementarios a agentes profesionales agrarios y no a cualquier agente económico... Son elementos limitativos de los daños que no terminan de satisfacer a quienes pensamos que habría que ser más cuidadosos. Se han corregido algunas cosas -pocas-, pero se han empeorado otras. El balance es francamente negativo porque a la ley la inspira el deseo de crecimiento, terminar con las limitaciones y aprovechar el momento.
Seguirá peleando
García Márquez rechaza la paternidad de las Directrices de Ordenación del Territorio porque «lo importante era señalar a los sesenta parlamentarios» como los responsables de la legislación sostenible «o limitativa del crecimiento» que se implantó desde 1994 hasta 2003. Ahora, le «jeringan» no sólo algunas cosas que se harán con la nueva ley, sino «lo que verán mis nietos». Por eso, quienes se han opuesto a esta norma van a seguir «peleando» porque «si dentro de dos años hay otra mayoría, es posible que cambie radicalmente». No descarta un recurso de inconstitucionalidad.
