Fallos en la identificación de menores: «Han salido 400 jóvenes a la península como adultos»

«Hemos enviado a 400 menores a la península como si fueran adultos», asegura Daniel Arencibia, jurista experto en migraciones. Arencibia critica los fallos del sistema de determinación de edad al que se somete a los menores extranjeros no acompañados, especialmente en Canarias. Una legislación que, precisamente ahora, España revisa para adaptarla a la normativa europea.

La reforma, cuya tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diputados a mediados de marzo, implica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, y da cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia, según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El objetivo es que el procedimiento de determinación de la edad se configure como un procedimiento judicial de naturaleza civil, protegiendo los derechos de la infancia y la adolescencia.

Arencibia explica que, según la ley, ante la duda sobre la edad de una persona extranjera sin documentación, el Ministerio Fiscal debía intervenir de inmediato. Sin embargo, muchos fiscales han evitado asumir esa responsabilidad. «Me parecía absurdo que dijeran que no entendían por qué tenían que hacerse cargo ellos», critica el experto. Y es que hay que recordar, afirma, que la Fiscalía tiene por mandato legal la protección de colectivos vulnerables como menores, personas con discapacidad o ancianos.

Para Arencibia, el procedimiento de determinación de la edad se ha estado realizando durante años de forma arbitraria. Y especialmente criticable, señala el abogado, es que «no se ha estado escuchando a los chicos». De hecho, recuerda que él mismo ha representado «a menores con pasaportes y partidas de nacimiento» que demostraban su edad y, sin embargo, «estaban encerrados en prisión sin que nadie los atendiera».

Uno de los casos más alarmantes fue el de dos menores hallados en prisión por sacerdotes: «Estuvieron 85 días encarcelados diciendo que eran menores. La Fiscalía no solo no los escuchó, sino que insistía en que mentían». Nadie encargado de su caso se fió de las partidas de nacimiento.

«El derecho a ser escuchado ya estaba recogido por ley, pero era ignorado», advierte.

También se da el caso contrario. Los menores migrantes no acompañados, cuando bajan de la barcaza en el muelle, dicen que son adultos. Con esta extendida y peligrosa práctica, señala el experto, intentan no quedarse retenidos en las islas. Como se sabe, a los adultos se les traslada en un plazo máximo de tres meses a la península, pero de los menores debe hacerse cargo el Ejecutivo regional. «Les dicen que si dicen la verdad, no los llevarán a la península. Por miedo, muchos mienten», explica. El problema es que, cuando más tarde rectifican, «nadie les cree». Lo cual ha generado verdaderos «líos legales».

Arencibia también advierte que, en muchos casos, hay actitudes discriminatorias. «Me contaron que, al avisar a la policía de un menor abandonado, preguntaban de qué color era». Es decir, abunda, el trato no es el mismo para un niño blanco que para uno negro.

Sobre la reciente reforma legal que transfiere la competencia de determinar la edad a los jueces, se muestra escéptico: «Tengo mis dudas de que lo vayan a hacer mejor. El problema no es quién decide, sino la falta de medios». Reclama equipos médicos, traductores, abogados y trabajadores sociales suficientes para garantizar una evaluación justa.

El experto insiste en que lo más urgente es reaccionar con rapidez ante los errores: «No podemos tener a un niño meses en la cárcel porque nadie quiere admitir que se equivocó». Y concluye con una advertencia clara: «Lo que está ocurriendo no es una anécdota, es un desastre institucional que está arrasando con los derechos de cientos de menores».

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