El Estado transfiere 20 millones a las autonomías para acoger menores de las islas
Consejo de Ministros ·
Canarias firmará ahora convenios con las comunidades para que se materialice el traslado pactado en octubre
El Consejo de Ministros aprobó este martes transferir 20 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el traslado y acogida solidaria de 396 niños y adolescentes migrantes no acompañados. El abono de estos recursos permitirá la aplicación efectiva del acuerdo adoptado el pasado mes de octubre en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, dentro del plan de respuesta ante crisis migratorias para menores inmigrantes que se aprobó en septiembre de 2022.
El importe total de la asignación -de la que a Canarias le corresponden 1,3 millones para la atención de 21 menores- corresponde al segundo y último reparto del crédito de los 35 millones de euros presupuestados para el traslado y la «atención multidisciplinar necesaria para proteger el interés superior» de los niños y adolescentes no acompañados, según señala el Gobierno en un comunicado.
El primer reparto, de 15 millones de euros, se destinó en mayo a la comunidad autónoma de Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por ser los territorios donde se ha producido un mayor número de llegadas.
La distribución acordada de niños y adolescentes por comunidades y ciudades autónomas es la siguiente: Andalucía, 36; Comunidad de Madrid, 34; Cataluña, 33; Principado de Asturias, 32; Galicia, 28; Cantabria, 26; Comunitat Valenciana, 25; Extremadura, 25; Aragón, 24; Castilla y León, 23; Canarias, 21; Castilla-La Mancha, 20; Región de Murcia, 19; Comunidad Foral de Navarra, 17; País Vasco, 17; Illes Balears,10; La Rioja, 4 y Ceuta, 2. Melilla no acogerá a ningún menor en esta ocasión.
Desde que en octubre el Estado pactó con las autonomías el traslado solidario de menores por todo el territorio nacional para aliviar la presión de los centros de acogida en Canarias -que actualmente tutela a más de 4.300 tras el aumento de llegadas en los últimos meses-, el Gobierno canario ha venido reclamando con insistencia el cumplimiento de lo acordado, cuyo paso previo era el abono de la financiación autorizada ahora por el Consejo de Ministros.
El pasado martes el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, volvió a lamentar la falta de concreción del reparto que se pactó en octubre en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y afeó a los nuevos ministros que aún no se hubiera dado respuesta al que considera el «principal problema» que tienen las islas en materia de inmigración.
A partir de ahora el Gobierno de Canarias tiene que firmar convenios bilaterales con las distintas autonomías para cederles la tutela de los menores que vayan a acoger. El Ejecutivo que preside Clavijo defiende en todo caso la necesidad de impulsar una ley que establezca el reparto obligatorio de los menores que llegan a Canarias, para que no dependa únicamente de la solidaridad de los demás territorios.
