El Estado ha trasladado a la península a 1.800 inmigrantes en las últimas cinco semanas

Dichos traslados, apuntan, se realizan por criterios de vulnerabilidad, lo que comprende a solicitantes de protección internacional o madres e hijos, entre otros, a quienes se ha tratado de dar una mayor salida desde comienzos de abril para descongestionar las islas, presumiblemente ante su incremento en las llegadas de pateras. Son las propias ONG que gestionan los centros quienes elaboran la listas para dar prioridad a dichos colectivos.

Un dato relevante también apunta al alivio de las presiones en el campamento de Las Raíces. A finales de mayo se prevé haber reducido a la mitad la ocupación, que superaba las 1.500 personas, lo que ha ocasionado numerosos episodios violentos entre los internos. En su mayoría, responden a las deficiencias de las instalaciones, problemas con la alimentación y diferencias culturales, pero la controversia se extiende, además, a la falta de personal para hacer frente a los conflictos y dar una atención adecuada a los inmigrantes.

Así, el número de personas acogidas dentro del Plan Canarias ya se ha reducido a menos de 3.000: Tenerife cuenta con 1.026 migrantes distribuidos entre los campamentos de Las Raíces y Las Canteras, mientras que Gran Canaria da acogida a 857 entre los distintos recursos y Fuerteventura a 135 personas en el campamento de El Matorral.

La falta de transparencia del Estado sobre las derivaciones ha sido un reproche constante por parte de distintos sectores desde que comenzó la crisis migratoria, por lo que esta información permite hacer algunas estimaciones. Desde el año pasado han llegado a las islas unas 27.400 personas y, gracias a la recopilación por parte de El País de varios datos obtenidos a través del portal de Transparencia, se tiene constancia de que Interior ha ejecutado la devolución de 662 migrantes (hasta el 28 de febrero) y se han realizado un total de 6.508 derivaciones. Si aun quedan 3.800 en las islas, a las que se suman otros 2.700 menores no acompañados, cuya tutela ejerce la comunidad autónoma, la resta deja en incógnita a alrededor de 13.700 personas fuera de los recursos estatales, que bien pueden estar residiendo con sus familiares, en la calle o han salido por su propia cuenta del país.