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Primero fue Soluciones de Gestión con contratos por 12,5 millones de euros, después apareció Eurofins Megalab con 5,3 millones de euros y al listado de empresas presuntamente vinculadas al caso Koldo y que hicieron caja gracias al Servicio Canario de Salud se suma Innjoo Technology, con 9,1 millones de euros en ventas de mascarillas y otro material sanitario. La investigación del caso Koldo conecta esta última empresa con Have Got Time SL, la patrimonial que adquirió el chalet que disfrutó el entonces ministro José Luis Ábalos en Cádiz.
Hay otro nexo de unión entre Soluciones de Gestión e Innjoo Technology: ambas formularon contratos durante la pandemia con el Gobierno central y los ejecutivos de Baleares y Canarias, los tres gobernados por los socialistas -en Baleares con Francina Armengol como presidenta y en Canarias con Ángel Víctor Torres-.
Además, los contratos de Soluciones de Gestión e Innjoo Technology llamaron la atención en 2022 de la Audiencia de Cuentas, que cuestionó en un preinforme la cuantía de los mismos, la falta de garantías y que se hicieran con empresas sin experiencia acreditada en el sector sanitario. Ese preinforme fue rechazado por el pleno de la Audiencia por las presiones de los partidos integrantes del pacto regional, en especial del PSOE y Nueva Canarias.
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En abril de 2020 el Servicio Canario de Salud ya ordenó pagos a Innjoo Technology, que hasta entonces se dedicaba a la importación de productos tecnológicos y que habría entrado en contacto con el Gobierno regional gracias a la mediación de la trama que tenía a Koldo García como su contacto con las administraciones regentadas por los socialistas. En concreto, el SCS habría suscrito al menos ocho contratos con Injoo, sobre todo de mascarillas quirúrgicas y FFP2.
Have Got Time SL es la empresa que, según la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pagó durante cinco meses los 3.000 euros mensuales que costaba el alquiler del inmueble disfrutado por Ábalos. Esa sociedad fue creada por Vanesa Durán Mesas, quien también gestionó el nacimiento de Innjoo Technology SL.
Have Got Time acumula una deuda de 56 millones de euros con la Agencia Tributaria y se encuentra en concurso de acreedores.
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Por su parte, el actual Gobierno balear, presidido por el Partido Popular, tiene en el punto de mira los contratos con Innjoo. El director general del IbSalut, Javier Ureña, confirmó ayer que entre los 60 contratos firmados en pandemia y que el Govern pretende analizar en busca de irregularidades figuran cinco expedientes por valor de algo más de seis millones de euros con una empresa vinculada a la sociedad que alquiló el chalé del exministro José Luis Ábalos en Cádiz.
Según confirmó en declaraciones a los medios, se trata de un grupo de contratos de material sanitario como gafas y equipos de protección entre marzo y mayo de 2020.
«Asistimos con cierta preocupación a la aparición constante de nuevas noticias sobre esta presunta trama criminal del caso Koldo o caso PSOE. Van apareciendo nuevas empresas que entraron a trabajar en Baleares de la mano de Koldo y de Francina Armengol y no sabemos cuántas empresa más puede haber», afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.
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En concreto, según señaló el Ejecutivo en un comunicado, se trata cinco contratos que el IbSalut formalizó con la empresa Innjoo Consulting a lo largo de 2020 para adquirir material sanitario.
En detalle, son 10.100 gafas de protección y 7.800 vestidos de protección por el importe de 226.899 euros; 100.000 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 desechables, 500.000 mascarillas quirúrgicas de alto riesgo rectangulares con elásticos de sujeción y 20.000 test para la detección de anticuerpos IgG/IgM por el importe de 1,7 millones de euros; 552.000 mascarillas quirúrgicas y 5.000 pantallas de protección facial por el importe de 629.236 euros; un millón de mascarillas quirúrgicas por el importe de 1,07 millones de euros; y 14.450 gafas de protección, 114.730 mascarillas FFP2, 3.120 batas de aislamiento, 1,5 millones de guantes, 1.600 vestidos de protección y 60.000 test IgG/IgM por el importe de 2,4 millones de euros.
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Ureña insistió en su preocupación por el hecho de que puedan aparecer más empresas, otro tipo de contratos, de servicios o concesiones y de los que no se tenga conocimiento.
Cabe recordar que el IbSalut llevará a cabo una auditoría relativa a 60 expedientes de contratación que superen los 100.000 euros, a fin de verificar la tramitación y ejecución correcta de estos expedientes, para garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia económica.
Así, se plantea una auditoría jurídica, para comprobar que los procedimientos aplicados aseguren el cumplimiento de la normativa; una auditoría económica, para analizar la adecuación de los precios adjudicados en relación a la situación de mercado y las necesidades del IbSalut; y una auditoría de gestión, para analizar los procesos.
En relación a la nulidad del contrato de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, el director general del IbSalut explicó que es esperable que la empresa recurra a los tribunales, aunque se ha mostrado confiado en «obtener victorias en sede judicial».
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