Imagen de una de las protestas de este año en la playa de Las Canteras. / Cober

Los empleados públicos temporales lucharán seis meses más para llegar a una solución

El comité de huelga ha anunciado que las protestas se prolongarán al menos hasta la mitad del año entrante ante la falta de voluntad política

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El 2021 cierra con mal sabor de boca para los empleados públicos temporales de la Comunidad Autónoma después de un año de protestas en el que, si bien lograron sellar el compromiso del Gobierno de Canarias con la firma de un acuerdo, este «se ha incumplido sistemáticamente». Así lo manifestaron ayer los representantes del comité de huelga tras anunciar que prolongarían sus protestas seis meses más con el objetivo de alcanzar una solución para los trabajadores en fraude de ley, que ascienden a alrededor de 4.000 en toda la región. El preaviso de huelga establece, además, un paro al mes, los tres primeros parciales y los últimos completos, sin descartar llevar a cabo otras medidas de presión.

De cara a 2022, los empleados públicos buscarán el amparo de la Comisión Europea, que ya ha abierto un expediente a la Comunidad Autónoma para investigar el incumplimiento de la directiva comunitaria. «Va en la misma línea que la demanda interpuesta por Zaragoza que señalaba a todas las instituciones españolas, a los procesos de estabilización y, en general, a la ley estatal, que está llena de lagunas», explica Manuel González, portavoz del comité de huelga.

Pendiente para el próximo año también están los avances en la demanda que plantea interponer el comité por el incumplimiento del acuerdo y que, con toda probabilidad, harán tras la Navidad.

En esta línea, la principal demanda de los sindicatos -Sepca, Cobas e Intersindical Canarias- es que el Gobierno regional cumpla con lo pactado en abril. El celebrado acuerdo, sin embargo, no recibió la rúbrica de la Consejería de Función Pública hasta dos meses después, a falta de un informe jurídico que garantizara su validez. A pesar de que las dos mesas de trabajo establecidas se convocaron in extremis antes del verano, todavía hubo que esperar a octubre para retomarlas. En medio, la dimisión de la directora general y el estallido del volcán de La Palma, que contribuyeron a los retrasos, hasta que la tensión en la última reunión entre el comité y los representantes del gobierno terminó por romper el diálogo. «Han tenido tiempo de sobra y solo nos han puesto excusas -añade González-, esperando por lo que dice Madrid cuando la fórmula que plantea el Estado no es válida».

La respuesta al informe jurídico, «otra tomadura de pelo»

La Consejería de Función Pública pretendía retomar las negociaciones tras el visto bueno de la norma estatal dando respuesta al documento presentado por la Mesa Jurídica, donde se planteaba considerar la condición de indefinido no fijo a quien esté en situación de abuso de temporalidad. El comité critica que esa respuesta se tradujo en un informe de un jefe de servicio de la consejería y no de la dirección general de Servicios Jurídicos, lo que supone «otra tomadura de pelo». A su juicio, el objetivo del diálogo con esta mesa es el de buscar fórmulas para dar una solución a los trabajadores en fraude de ley, pero la consejería no da alternativas y se limita a hablar de lo que sucede en Madrid.