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Imagen de archivo de una funcionaria en su puesto en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. EFE

Los empleados públicos reclaman volver al teletrabajo ante la nueva ola de covid

Critican que la Consejería no mueva ficha para evitar el riesgo de contagios así como la falta de respuesta de la Administración

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de diciembre 2021, 07:10

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Mientras Canarias continúa batiendo récords de contagios en las cifras de Sanidad, los funcionarios canarios se quejan de la falta de respuesta por parte de la Administración pública para prevenir riesgos. En este sentido, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC.OO), Carmen Marrero, ha llamado la atención sobre dos cuestiones: por un lado, la relajación de las medidas sanitarias en algunos centros y, por otro, la falta de músculo en sectores como el de Sanidad, desbordados de trabajo. Ante esta situación, el sindicato pide volver a poner sobre la mesa la negociación de un protocolo concensuado con los comités de salud y seguridad, basado en la prudencia.

Las medidas requeridas pasan tanto por recuperar los servicios de limpieza -recortados en algunos centros-, como por la reorganización del personal o el teletrabajo. Una petición a la que se suma la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ya ha demandado en dos ocasiones a la dirección general de Función Pública -la segunda fue registrada ayer ante la falta de respuesta- activar de nuevo la resolución 505/2020 aprobada el pasado mes de mayo.

En concreto, el documento priorizaba el teletrabajo cuatro días a la semana y uno presencial para aquellas personas que tuviera a cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Para el resto, se establecía la posibilidad de teletrabajar de forma voluntaria como mínimo un día a la semana. A partir de noviembre, el Gobierno de Canarias resolvió reducir esta permisividad ante la mejora de los datos de la pandemia y decretó la no presencialidad a solo un día por semana.

CSIF apunta a que entonces la disminución de la incidencia del virus y el avance de la vacunación dibujaban un contexto más positivo de cara a las inminentes fiestas navideñas. Sin embargo, la nueva variante Ómicron ha vuelto a desestabilizar los parámetros, pese a que el 87% de la población está inoculada. Por tanto, entienden que se debe dar un paso atrás y tomar las medidas oportunas para garantizar la salud y seguridad de la plantilla.

De hecho, una de las preocupaciones de ambos sindicatos es el incremento de las personas contagiadas en las distintas administraciones, por lo que en su segundo escrito remitido a la dirección general, CSIF también requiere información sobre cuál es el porcentaje de trabajadores públicos afectados por esta nueva ola y cuya baja está incidiendo en el normal desarrollo de la actividad de la Administración y en la atención a la ciudadanía. Desde la Consejería, sin embargo, han asegurado que no tienen constancia de esos datos.

Por otro lado, el sindicato también es crítico con el sistema del teletrabajo y asegura que ha habido «abusos» por parte de algunos trabajadores, por lo que insisten en la necesidad de regularlo. A su juicio, es una herramienta «necesaria», pero no ven con buenos ojos la disparidad de criterios entre las consejerías. «No puede haber discriminación. La instrucción debe salir de Función Pública», sentencian.

Función Pública defiende la no presencialidad un solo día a la semana

La Consejería de Función Pública del Gobierno de Canarias ha decidido no aplicar, por el momento, ninguna medida extraordinaria para sus trabajadores durante la sexta ola de la pandemia, confiando en que la resolución 1616/2021 que se aplica desde noviembre sea suficiente para afrontar los retos de la Administración. En este documento se establece que el personal puedes empeñar sus labores de forma no presencial un día a la semana, siempre que la naturaleza de su trabajo sea compatible con ello y que disponga de los medios necesarios. También recoge que excepcionalmente se podrá ampliar ese plazo si, entre otras razones, la dificultad en la organización de los turnos de cada unidad o centro de trabajo no garantizan las condiciones mínimas de distanciamiento, salud y seguridad.

De esta manera, la Consejería deja la puerta abierta a ciertos cambios, delegando la decisión en los responsables de cada servicio y los titulares de cada centro directivo. Estos pueden establecer «medidas organizativas encaminadas a la protección y la seguridad de los trabajadores», aunque no esclarece un marco común. Con todo, el Gobierno asegura que ante los cambios de niveles que se han producido en las islas en las ultimas semanas, ya se han tenido que organizar los espacios y tareas de forma que se cumplan los nuevos aforos correspondientes al nivel.

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