Los empleados públicos impugnarán las oposiciones y elevan las protestas

La posición que el ministro Iceta adelantó ayer en el Congreso, contraria a permitir una solución pactada entre el Gobierno de Canarias y los empleados públicos en situación de fraude de ley, ha aumentado el malestar entre los afectados, que anuncian acciones legales para frenar cualquier convocatoria de oposición abierta que ponga en riesgo sus puestos de trabajo y más acciones de protesta,

Manuel González, secretario general de Sepca y portavoz en Canarias de la Plataforma de Interinos (PI), adelantó que impugnarán la Oferta Pública de Empleo (OPE) con la que el Estado se plantea reducir la temporalidad. «Canarias no se va a quedar quieta, llegaremos hasta donde haga falta, como si tenemos que ir a la Fiscalía de la Unión Europea», señaló.

El dirigente sindicalista considera que Iceta «está dando bandazos» y «demuestra que está lejos de ser federalista» al tratar de imponer el criterio centralista en todo el país. Los temporales mantienen que con la legislación actual la aplicación de la fórmula estatal es potestativa y no obligatoria, e instan al Gobierno canario a «defender con valentía y dignidad» los derechos de sus empleados públicos frente a las imposiciones estatales.

Ayer, en el marco de las acciones del tercer día de huelga consecutivo, un grupo de empleados públicos afectados por el abuso de temporalidad se encerró en Gran Canaria en la sede de la Consejería de Derechos Sociales con trabajadores de los servicios de Dependencia y Discapacidad. Otro grupo se encerró también en Tenerife. «La huelga se está recrudeciendo y el colectivo que ve peligrar sus puestos de trabajo después de décadas de dedicación a los servicios públicos llegará hasta el final», señalan en una nota.