El Gobierno pagará en la nómina de abril las ayudas sociales de 2019

Pérez denunció que el Gobierno anterior de Coalición Canaria (CC) no consignó los nueve millones de ese fondo a pesar de que en el articulado de la Ley de Presupuestos del año pasado lo contemplaba. La afirmación fue refutada por la diputada nacionalista, Socorro Beato, quien le recriminó, además, no haber defendido la ley ante el Estado.

Al respecto, el diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Manuel Fernando Martínez, recordó que el Tribunal Constitucional dio la razón a la Abogacía del Estado que recurrió el fondo de acción social de 2019 por suponer un incremento no permitido. «Nosotros quisimos ser valientes -proclamó Beato- pero el Gobierno socialista lo ha bloqueado». Martínez le replicó que «Coalición quiso hacer campaña electoral cinco meses antes».

El consejero señaló la existencia de «deficiencias en la técnica legislativa y presupuestaria que después generan expectativas en los empleados públicos». Pese a ello, aseguró que, en el litigio con el Estado, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma defendieron tanto el establecimiento del fondo de acción social así como su incremento; «por eso volvimos a consignar, esta vez sí -subrayó-, en los estado financieros del Presupuesto de este año los nueve millones», en vez de los seis de 2018.

En respuesta a los diputados del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, el representante gubernamental aseguró que «buscaremos el dinero que nos hace falta para pagar el fondo de 2020, a ser posible este verano».

Los diputados de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, y de Sí Podemos, Francisco Déniz, criticaron la sentencia.

Déniz llegó a denunciar que el fallo del Constitucional «cuestiona la autonomía» de Canarias, alegando su Estatuto, y Campos instó al Gobierno a «no renunciar a la necesidad de ir flexibilizando las medidas que, durante la crisis, se fueron adoptando». A su juicio, uno de los sectores «más castigados fue el de los empleados públicos».

El consejero de Administraciones Públicas advirtió que «detrás de este tema, hay problemas en cuanto a qué capacidad tienen las comunidades autónomas para actuar sobre las retribuciones del personal y de mejorar sus prestaciones sociales».