El Gobierno no justifica a qué se dedican sus asesores

Los asesores y asistentes del presidente y vicepresidente del Gobierno autonómico «no están sujetos a la entrega de ningún trabajo o informe» a sus superiores, a pesar de que están nombrados para «realizar estudios encomendados» por el alto cargo que les designó, entre otras funciones.

ALMUDENA SÁNCHEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cuarenta y cinco cargos de confianza trabajan actualmente al servicio del presidente y vicepresidente del Gobierno sin que los contribuyentes puedan conocer exactamente el trabajo que realizan.

En la web de Transparencia del Ejecutivo se utiliza una frase genérica para definir la función de los asesores y asistentes -son dos categorías diferentes-: «prestar asistencia» al cargo que le nombró «y realizar las gestiones y estudios encomendados por éste». En el primero de los casos, la asistencia es «técnica/política»; en el segundo, sólo técnica». No se aportan más detalles.

Tampoco los da la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En una resolución indica que «el personal eventual que ocupa los puestos de trabajo (...), no está sujeto a la entrega de ningún trabajo o informe, dada la naturaleza de sus funciones, de confianza o asesoramiento especial o político».

Esta indefinición es particularmente relevante al tener en cuenta que los 45 cargos de confianza suponen un gasto bruto anual que supera el millón y medio de euros, sólo en retribuciones -sin incluir ni indemnizaciones o dietas, ni el coste de la Seguridad Social-, únicamente en lo que respecta a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno y en lo que se refiere a este año.

Además, su elección no es resultado de un procedimiento reglado ni selectivo que se conozca y, la mayoría de este tipo de personal tiene vínculos estrechos con el partido que gobierna o directamente, milita en él.

La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública ha permitido, no obstante, difundir por obligación el coste retributivo, entre otras cuestiones, de los cargos de confianza.

Así, durante el pacto firmado entre Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC) de principios de esta legislatura, Fernando Clavijo y Patricia Hernández contrataron a 45 eventuales. Esto supuso un desembolso total de 2.046.430,60 euros, una cantidad bastante superior al coste actual, con un Gobierno monocolor, según los datos de la Secretaría General de Presidencia.

En el Gobierno anterior que compartieron Paulino Rivero y José Miguel Pérez fue más económico en términos anuales. El coste global se situó en 5.150.834,48 euros para 41 asesores, pero fue poco más de un millón de euros cada año.

El presidente Rivero y el vicepresidente José Manuel Soria, en la legislatura 2007-2011, contrataron 44 eventuales y el gasto total subió hasta los 5.397.604,5 euros, y también el anual: 1.349.401,1 euros.

Adán Martín, como presidente y Maria del Mar Julios como vicepresidenta tuvieron 44 asesores a un coste menor -4.693.292,5 euros-, tendencia que se repitió con el tándem Román Rodríguez-Adán Martín: apenas 4 millones de euros por 38 cargos de confianza.