14/11/2017

Rosa Dávila señala que se está estudiando «desde el punto de vista jurídico» quién puede solicitar dictamen a los juristas del Gobierno. La cúpula de CC no informa si debatió sobre RTVC.

/Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno no ha decidido si contesta a María Lorenzo

Una semana después de que fuera solicitado, el Gobierno de Canarias aún estudia si los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma pueden emitir el informe requerido por la consejera del consejo rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), María Lorenzo, en el que demanda una respuesta más amplia a la que ha pedido el presidente del ente, Santiago Negrín.

La consejera de Hacienda y portavoz del Gabinete de Fernando Clavijo, Rosa Dávila, reconoció que que «es cierto que (María Lorenzo) se ha dirigido directamente a los servicios jurídicos y a la Consejería de Hacienda y estamos analizando cuál es el vínculo, quién se puede dirigir al Gobierno y a quién se le puede contestar, por cuanto ella es miembro de un órgano colegiado».

En cualquier caso, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, Dávila apuntó que «aún no hay respuesta» en espera de que se decida si procede trasladar esta petición. «Lo estamos analizando desde el punto de vista jurídico», apuntó.

El pasado día siete, un día después de que lo hiciera Santiago Negrín, Lorenzo se dirigió a la Consejería de Hacienda, a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y a Radiotelevisión Canaria pidiendo que se evitara realizar un dictamen parcial, tal como solicitó el presidente del ente, para evitar que se pudiera incurrir en «tergiversaciones y malinterpretaciones».

En su escrito, la consejera de RTVC señala que el informe que pidió Negrín el día 6 -y que los servicios jurídicos emitiron cuatro días después firmado por la letrada Antonia Barrios Marichal a preguntas del presidente, Fernado Clavijo,- es «manifestamente incompleto» por lo que instaba a que el estudio aclarase las cuestiones competencias, tanto de índole contractual como presupuestaria y sobre el modelo de gestión.

En su escrito, María Lorenzo también hizo mención a la advertencia del jurista Martín Orozco, que había avisado de la necesidad de recabar un informe de los servicios jurídicos del Gbierno sobre el pliego de condiciones del concurso de informativos de la televisión pública «que debería ser expresamente solicitado por el presidente de RTVC» y que Santiago Negrín no hizo.