El Gobierno compró el Royal muy por encima de su valor real

21/05/2019

Fue adquirido para sede de la Agencia Tributaria Canaria por 17 millones de euros cuando su valor real, según los parámetros del mercado, era de 8 millones.

Manuel Mederos Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias pudo pagar el doble del valor real del mercado por la adquisición del edificio del antiguo cine Royal en Las Palmas de Gran Canaria, destinados a oficinas de la Agencia Tributaria Canaria, según se desprende de los informes técnicos presentados en el Parlamento de Canarias por la oposición.

El Gobierno de Canarias aprobó en el último Consejo de Gobierno del pasado año, el 31 de diciembre, la compraventa del local ubicado en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria por 17.226.000 euros, sin comunicación a la prensa. Esa misma tarde se formalizó la operación ante notario.

Según los expertos inmobiliarios a los que hace referencia una pregunta escrita presentada en el Parlamento de Canarias por la oposición, una correcta valoración del edificio, según los parámetros de tasación aplicables por ley, llevaría a un precio real de mercado de 8.700.000 euros, la mitad de lo que finalmente pagó el Ejecutivo canario.

Según este informe el Gobierno aplicó un baremo de tasación comparando el local del Cine Royal con unidades comerciales menores de la zona, como restaurantes, tiendas de electrodomésticos y pizzerías, cuando el local adquirido es una única unidad indivisible, invendible de forma fraccionada.

El local constituye una única unidad registral y catastral sin división horizontal que impide la transmisión parcial o separada de sus elementos, ya sean oficinas o plazas de garaje. El Gobierno, que aplica el art. 21 de la Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas y valoraciones de inmuebles, obvia que en su apartado 1 letra a) obliga a la utilización de un «mercado representativo de inmuebles comparables». En contra de este criterio el Gobierno utilizó locales comerciales y pequeñas oficinas de más fácil venta en el mercado inmobiliario por la inexistencia, dice el propio informe del Gobierno, de un producto similar, lo que ha llevado a una situación de sobrevaloración económica del inmueble.

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