Corrupción política

Doce años después del caso Faycán, al banquillo

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15/01/2018

Doce años después, el caso Faycán se sienta en el banquillo. 28 acusados, entre ellos dos exalcaldes, más de 135 años de cárcel y una estimación de más de un millón de euros en comisiones son las cifras del mayor juicio por corrupción política en Canarias. 20 de ellos se conforman con las penas propuestas por el Ministerio Fiscal.

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La Audiencia Provincial de Las Palmas lo tiene ya todo listo para acoger hasta mayo las 40 sesiones previstas del mayor juicio por corrupción política que se recuerda en Canarias. El caso Faycán, cuya vista oral empieza este lunes, doce años después de que diera lugar a las primeras detenciones, ha sentado en el banquillo a los 28 acusados de haber formado parte de una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde en la etapa 2003-2006, periodo en el que gobernaban PP y Ciuca.

El fiscal acusó a 29 en 2013, pero en 2014 murió uno, Fernando Verona. Entre los encartados hay dos exalcaldes de la ciudad, ambos del PP, Francisco Valido y María del Carmen Castellano (aunque a esta última se la juzga por su etapa de edil), 3 exediles (dos del PP y uno de Ciuca, todos desvinculados ya de la política), 2 excargos de confianza del PP, 6 empleados del Ayuntamiento (solo siguen 3), 11 empresarios, y 4 familiares de otros de los acusados. La gran ausente en la sala ha sido Antonia Torres, exconcejal de Obras y considerada cabecilla de la trama, que se quitó la vida en 2010, pero que, pese a todo, será muy citada en las sesiones.

En juego están los más de 135 años de cárcel que el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, reclama para los 28 acusados, aunque la mayoría de las penas de privación de libertad están fijadas entre 6 y 4 años. Las peticiones más largas recaen para los funcionarios Esteban Cabrera, aparejador municipal, para quien solicita 13 años y 9 meses de cárcel, Jorge Rodríguez, técnico municipal ya jubilado, que se expone a 11 años y tres meses de cárcel, el empresario Felipe Ojeda, 7 años y 9 meses, y el también retirado Enrique Orts, entonces interventor municipal y viudo de Torres, para el que pide otros 7 años.

¿Y en qué consistió la trama? El fiscal cita dos formas de ingreso. Una era a través de las adjudicaciones de obra. Amañaban, supuestamente, los concursos y, en compensación, recibían una comisión. Y la otra consistía en alterar la prelación de pago y abonar antes las facturas pendientes de hasta nueve empresas amigas.

La mayoría de los políticos implicados son del PP. porque, no en vano, y según el fiscal, en un primer momento esta trama se orquestó para financiar al PP, pero que, matiza también Luis del Río, al final no fue más que un «pretexto» para el enriquecimiento ilícito de un grupo de ediles y trabajadores municipales. Así fue como llegaron a manejar más de 1,29 millones de euros en comisiones ilegales en apenas dos años, entre el verano de 2003 y marzo de 2006, cuando con la detención de Antonia Torres estalló el caso y entró en vía judicial.