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Imagen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Acfi

El Gobierno convocará un concurso para hacerse con viviendas inacabadas

El Consejo aprueba el «ambicioso» decreto ley que pretende paliar las dificultades de acceso a una casa aumentando la oferta

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canarias

Lunes, 19 de febrero 2024, 13:02

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El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno a un «valiente y ambicioso» decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que pretende dar respuesta a la emergencia habitacional que registra el archipiélago y facilitar el acceso a una casa.

Una de las propuestas que incluye esta iniciativa es recurrir a un concurso, que será convocado antes de junio, para que los propietarios de viviendas inacabadas las pongan en el mercado una vez estén finalizadas.

Tal como indicó el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, el objetivo es que los titulares de edificios inacabados puedan culminarlos estos inmuebles con la licencia inicial y pongan plazo a su finalización. Será entonces cuando el Gobierno adquiera estos edificios «llave en mano».

Agregó Rodríguez que ya se ha reunido con grandes tenedores en las islas «que han heredado esta cartera de viviendas inacabadas» para explicarles que el Gobierno quiere que «acaben gestionadas» por la empresa pública Visocan.

El concurso, puntualizó, «es para que titulares de activos inacabados presenten su activo y digan qué tiempo precisan para tenerlo en funcionamiento». Apostilló que «nunca se adquirirá el edificio inacabado».

Crisis habitacional

La intención de esta y el resto de medidas contempladas por el decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno es hacer frente a la crisis habitacional, de manera que se pueda aumentar la oferta de vivienda y simplificar los requisitos y procedimientos.

De esta manera, se busca afrontar «uno de los principales problemas» del archipiélago, como es el acceso a una casa. Según los datos de la Consejería, más de 20.000 familias son actualmente solicitantes de una vivienda en Canarias.

Entre estas propuestas figura el cambio de uso para convertir oficinas y locales comerciales en casas. En este sentido, Rodríguez explicó que «la gente no vivirá en locales, sino en viviendas que antes fueron locales y se transforman en viviendas» y para ello han de cumplir los requisitos contemplados en el decreto de habitabilidad.

Además, las nuevas viviendas públicas protegidas serán de alquiler de manera permanente y sin opción a compra por parte de los adjudicatarios.

Empuje del sector privado

Respecto al número de viviendas que se pueden construir, indicó que depende en gran medida «del empuje» del sector privado así como con cabildos, aunque las medidas están «bastante consensuada».

Añadió que se cumplirá con el Plan de Vivienda de Canarias -que pretendía construir 2.000 viviendas, una cifra que calificó de «absolutamente insuficiente»-, además de «apostar» por los fondos europeos que prevén 1.000 viviendas más.

A su juicio, es «necesario que se aprovechen todas las posibilidades que ofrece el decreto y construir el mayor número de viviendas». En cualquier caso, para el consejero es más importante «evaluar anualmente qué respuesta se da a la demanda y bajar el precio medio de alquiler y venta».

Agregó que «si somos capaces de frenar el crecimiento interanual y dar respuesta a esa escalada, se cumplirá parte del objetivo». Recordó que en tiempos de bonanza para la construcción, se 'levantaban' hasta 20.000 viviendas al año, mientas que ahora no llegan a 3.000.

Por otro lado, Rodríguez destacó que en esta búsqueda de la colaboración con el sector privado se actualizará el módulo básico canario y se revisará anualmente. Además, anunció que esta semana se reunirá con los grupos parlamentarios para darles a conocer este texto.

Catástrofe en el sector agrario

Por otro lado, el Gobierno declaró la situación de catástrofe en el sector agrario por los incendios de La Palma y Tenerife en 2023. Esta medida posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de desarrollo rural, dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales. Según la normativa europea, se requiere al menos que el 30% del potencial agrícola haya sido destruido.

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