El Gobierno de Canarias admite que desconoce el número de símbolos franquistas que se han retirado

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comparece este jueves en el Parlamento de Canarias para informar sobre el número de símbolos franquistas retirados en espacios públicos del archipiélago. La intervención se produce a petición del diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Tomás González Cabrera, en el marco de las políticas de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Nieves Lady Barreto, reconoce que el ejecutivo desconoce el número de símbolos franquistas que se han retirado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica porque es una función que corresponde a los ayuntamientos y no cuenta con datos actualizados.

Según Nieves Lady Barreto, no es solo que la ley haya que aplicarla por obligación, sino que además el Gobierno de Canarias «cree profundamente que esto hay que hacerlo» para «devolver dignidad y justicia» a las víctimas y «poner luz en una época negra y oscura».

Para el diputado del PSOE, «la sensación es que vamos muy lentos, deberíamos ir más deprisa», «por justicia, por dar respuesta» a las familias de los represaliados «estamos obligados a actuar», «cada vez que se ve una exaltación franquista, a estas familias les duele», dice.

Barreto responde así en comisión parlamentaria al diputado del PSOE Jorge González, quien reclama al ejecutivo que se dé prisa en poner en marcha el catálogo de vestigios franquistas en Canarias, porque hay mucha lentitud, ya que la ley data de 2022, han pasado ya tres años y las familias de los represaliados tienen pasar por calles, edificios y emblemas que exaltan a la dictadura.

Según el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, que está pendiente de que la Consejería de Universidades y Cultura lo eleve a la comisión de Memoria Histórica, en la que participan las asociaciones, los cabildos y los ayuntamientos, en el archipiélago hay 428 elementos catalogados, de ellos 203 en la provincia de Las Palmas y 225 en la de Santa Cruz de Tenerife (incluidos los 75 que hay en la capital tinerfeña).

«Dijo que iba a llevar el catálogo a la comisión y le vuelvo a pedir agilidad, estamos en 2025», ha insistido Jorge González, quien ha exigido que se dé seguridad jurídica a los ayuntamientos y que se apliquen medidas concretas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en Canarias.

La consejera explica que una vez que el Gobierno de Canarias presente el catálogo a la comisión de memoria histórica serán los ayuntamientos los que tienen que cumplir con la ley y retirarlos.

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