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El asesor fiscal de la empresa RR7, Pablo Carranza, ha desmentido este lunes en el Parlamento que tenga ninguna relación con el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, con el que ha coincidido una sola vez en su vida, en un almuerzo familiar en el verano de 2021 al que fue invitado por su suegro y en el que no se trató nada relacionado con el caso mascarillas.
RR7, empresa de Rayco González dedicada a la venta de coches, ingresó por adelantado cuatro millones de euros del Gobierno de Canarias por la venta de un millón de mascarillas durante la pandemia, material sanitario que finalmente nunca se entregó, un caso de presunta corrupción investigado tanto judicialmente como en la comisión del Parlamento de Canarias en la que ha comparecido Pablo Carranza.
Del almuerzo con Torres consta una fotografía en la que aparecen el expresidente canario y actual ministro junto a Pablo Carranza, su suegro, Juan Arencibia (a su vez cuñado de Rayco González) y el hijo de Arencibia.
Fue un almuerzo familiar en julio o agosto de 2021 en El Cotillo (Fuerteventura) en el que se habló de «boberías» (del verano, de fútbol, de El Cotillo...), explicó Carranza en la comisión de investigación parlamentaria.
Dijo a los políticos que «no se dan cuenta« del daño familiar que le ha supuesto que ese encuentro entre familias »en pantalón corto y en cholas« se utilice para »crear un relato« sobre cualquier vinculación de sus asistentes con el caso mascarillas. Él asistió invitado por su suegro.
No conocía al entonces presidente canario ni lo ha vuelto a ver, indicó Carranza, quien ante las preguntas de los diputados insistió: «no soy comisionista ni me dedico la intermediación, soy asesor fiscal».
Carranza, quien no está investigado ni ha sido llamado a declarar en el caso mascarillas, se quejó ante el presidente de la comisión parlamentaria, Raúl Acosta, de AHI, por el tono y el trato recibido por el representante de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, quien, al igual que el representante del PP, Fernando Enseñat, puso en duda algunas de sus respuestas.
«Ustedes son jueces y fiscales. Fáltense al respeto entre ustedes, eso no tiene que ver conmigo», les dijo.
El asesor fiscal explicó que tiene 350 clientes y que su función se limita a asesorarlos a la hora de presentar sus declaraciones fiscales, no a intermediar ni a intervenir en la gestión de sus negocios o de los contratos que realizan con terceros. Tampoco se dedica a ayudar a sus clientes a esconder dinero.
Aseguró que nunca supo del contrato de las mascarillas más allá calcular los impuestos y presentar las declaraciones fiscales correspondientes por las facturaciones a que dio lugar e informó de que su labor de asesor de Rayco González terminó cuando saltó el escándalo.
«No tengo conocimientos ni me dedico a contratar o a dejar de contratar, mi labor es calcular los impuestos y defenderlos ante la Agencia Tributaria estatal o canaria y ante la Seguridad Social», no asesorar comercialmente a las empresas, insistió.
Declaró que desconoce cómo se gestó el contrato de las mascarillas, aunque la Agencia Tributaria le comunicó la destrucción por parte de Aduanas del lote de mascarillas importado por RR7 debido a que resultaron falsas.
El asesor indicó que también conoció la transferencia de fondos entre RR7 y otras dos empresas de la familia de Rayco González, una operación que no le dio pie a sospechar nada puesto que era un dinero procedente del Gobierno de Canarias.
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