Canarias, sobre la derivación de menores migrantes: «Es tan buena, necesaria y urgente como la amnistía»

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la comunicación en la que propone cambios legislativos para la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha insistido en que si la amnistía es «buena, necesaria y urgente, cómo no lo será atender a los 5.600 menores« llegados al archipiélago.

La comunicación ha sido aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno y será remitida este lunes al Parlamento de Canarias que, en función del calendario que acuerde la Mesa de la institución, será incluida para su debate este mismo mes, previsiblemente en el pleno del 27 y 28 de febrero, antes del debate sobre el estado de la nacionalidad.

Dese el Ejecutivo canario han aclarado que la propuesta se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, excepto Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados, tal y como reseña el propio Gobierno en una nota.

El paso de la Comunicación a la Cámara regional, si bien, permite su debate, con el fin de que los grupos parlamentarios puedan realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno.

A este respecto, el portavoz se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo «casi unánime» en el Parlamento «en defensa de la solución canaria». A su juicio, este consenso «dará más fuerza a Canarias» para lograr el respaldo del Estado y de las Cortes Generales a las modificaciones legislativas necesarias para distribuir «de forma solidaria y vinculante» a los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Esta es «la hoja de ruta» marcada desde el primer momento por el Ejecutivo autonómico, una «solución canaria», según la ha definido en rueda de prensa el portavoz Alfonso Cabello, quien ha puntualizado que se reclama la modificación del artículo 172 del Código Civil para este objetivo por la vía del decreto ley, igual que ha hecho el Gobierno español «en 138 ocasiones» con anterioridad.

De forma paralela, el Gobierno canario informará al Estado del acuerdo adoptado por el Parlamento, según ha explicado el portavoz tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a «dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo».

La Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal «salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio» sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo autonómico considera urgente «establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada». Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores «imposibilita» cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, «la integración social».

El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Sin embargo, el portavoz ha resaltado la preferencia del Gobierno de Canarias por un cambio en el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales. «Es la solución más rápida», ha recalcado Cabello.

Como alternativas, la Comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos «más gravosos, complejos y lentos» al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.

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