La consejera de Economía, Elena Mañez, en una reunión el pasado año sobre el empleo en Canarias. EFE

El CES 'destroza' el anteproyecto de la Ley de Economía Social de Canarias

El órgano consultivo ve carencias significativas en el documento y cuestiona la necesidad de una regulación fundamentada a nivel estatal

INGRID ORTIZ

Las Palmas de Gran Canaria.

Domingo, 11 de abril 2021, 01:00 | Actualizado 08:18h.

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El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha pedido una revisión casi integral del anteproyecto de Ley de Economía Social impulsado por el Gobierno con el objeto de dar estímulo al panorama sociolaboral de las islas. Sin embargo, el informe del órgano consultivo cuestiona la necesidad de elaborar una norma a nivel autonómico cuando ya existe una ley marco ya que sus contenidos son bien una reproducción «innecesaria» de los preceptos estatales, que tienen carácter básico, bien contradicen algunos de los puntos recogidos previamente. Así, apunta que en la elaboración del anteproyecto no se han tenido en cuenta los distintos niveles de gobierno que rigen la comunidad: aunque la normativa se basa en el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, que reconoce la competencia exclusiva de Canarias sobre el fomento y la ordenación del sector de la economía social, esta debe respetar los preceptos de la Ley 5/2011 de Economía Social, que al amparo de la Constitución atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

De esta manera, explica el Consejo, la norma territorial se limitaría a complementar la ley estatal en la aplicación de sus contenidos que regulan las bonificaciones e incentivos y la creación del Consejo de Apoyo a la Economía Social de Canarias como órgano consultivo y asesor. Es por ello que piden una mayor precisión a la hora de redactar el contenido de la norma, así como la delimitación de la composición y funciones del órgano colegiado para evitar interferencias con las funciones atribuidas al propio CES. Con el objeto de fijar un equilibrio entre las distintas entidades, sugieren que dicho consejo se conforme por representantes de la administración pública de la comunidad autónoma, la Federación Canaria de Municipios, las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas en el ámbito autonómico, las universidades públicas de Canarias y las entidades sectoriales mayoritarias de la Economía Social.

Empresas.

Más allá de estas apreciaciones de base, el CES señala falta de concreción en las políticas públicas, económicas y sociales planteadas. Critican el uso ambiguo del lenguaje empleado con términos como 'estimular', 'promover' o 'fomentar', que no van acompañadas de estrategias concretas. Sobre todo, centran estas carencias fundamentalmente en tres elementos: las políticas presupuestarias, en particular las de gasto; la expansión continua de la administración pública y de sus entidades instrumentales; y la normativización y regulación de todo tipo de actividades. Sobre este último punto, además, aprecian una falta de conocimiento de la realidad necesaria para la regulación, así como una evaluación previa de sus posibles consecuencias.

En este sentido, el Consejo propone modificar la naturaleza misma de la norma y, por tanto, su denominación, ya que «en realidad no se trata de abordar la economía social sino la regulación de las entidades de base asociativa-cooperativa y su finalidad económica-empresarial», tal como se reconoce, en parte, en los artículos 1 y 4 del proyecto normativo.

Respecto a esto, la norma incluye un catálogo canario de empresas y entidades que forman parte de la economía social, lo que plantea varios inconvenientes. En primer lugar, a juicio del CES, en él se recoge una visión tradicional de las actividades económicas ignorando las nuevas realidades virtuales. En segundo lugar, la consideración de dichas empresas quedarían sujetas al mero «registro administrativo» sin cuantificar ni conocer en profundidad sus características. A todo ello se suma la falta de concreción de que los beneficios y ayudas públicas proporcionadas correrían a cargo del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, que la norma establezca la posible suspensión o reintegro de las ayudas en caso de que la empresa o entidad incurra en alguna causa que le haga perder su condición en el marco de la economía social resulta «contradictorio con la exigencia de la tramitación de un expediente que determine dicha circunstancia».

De esta manera, instan al Gobierno regional a tomar iniciativas que fomenten conocer la estructura, dimensión y características de las entidades que conforman los distintos sectores de actividad económica y social para poder promover su desarrollo. La falta de ese conocimiento previo, indican, pueden «lastrarlo».

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