«Ahora que las decisiones se toman aquí, esperamos más sensibilidad»
Afectados por la ley de costas ·
Muchos vecinos de núcleos poblacionales con orden de derribo ven las transferencias como un balón de oxígeno que les permita salvar sus propiedades, aunque reconocen que todavía existe una gran incertidumbre
«Tufia existe desde antes de la Conquista, y dice la leyenda que en esta playa se bañaba la princesa guanche Benaguara».
Con esta afirmación, el portavoz de los afectados por la Ley de Costas de este barrio teldense, Juan Sánchez, quiere hacer constar que se trata de un núcleo poblacional consolidado, aunque sobre él pesa, desde hace casi 15 años, una orden de desalojo y derribo para las 20 casas y un cuarto de aperos de pescadores en primera línea de playa.
En esta situación se encuentran numerosos barrios en 64 municipios de toda Canarias, aunque ni la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas sabe a ciencia cierta cuantos son o qué servicios e infraestructuras disponen para poder avanzar «en su salvación», tal como explica el presidente, José Luis Langa.
Transferencias
Lo cierto es que las transferencias en materia de Costas del Estado a Canarias -y la posterior constitución de la comisión mixta entre el Gobierno regional, Fecam, Fecai y los afectados-, ha dado oxígeno a los propietarios sobre cuyas casas pesa orden de desalojo y derribo, a pesar de que aún existe «mucha incertidumbre» porque las competencias de la comunidad no son plenas.
Aún así, Juan Sánchez destaca que la situación ha cambiado en una cuestión fundamental: «No es lo mismo ir a Madrid a hablar con alguien que no conoce el barrio que hablar con alguien de aquí, que sabe como son nuestras costas o desde cuando vivimos en estas zonas».
En este sentido, José Luis Langa insiste en que a partir de las transferencias, existe «más margen para interpretar la ley y sobre todo, más sensibilidad».
Juan compró su casa hace cerca de 40 años. Aquí sigue censado «y aquí sigo votando», dice para destacar su relación con el barrio. Está esperanzado pero realista, porque «de momento, todo sigue igual».
Asegura que los afectados no tienen problema en ser reubicados en la parte alta del barrio, donde ahora está el aparcamiento -suelo que tendrían que pagar ellos- pero «todo está en el aire».
Valores
De las 20 casas de primera línea, más de diez son la única residencia de sus propietarios. Y de ellos, «tres somos los viejos, los demás son herederos que en muchos casos se han ido yendo».
Él mismo, cuando recibió la sentencia de desalojo, compró en Telde. Su apego a esta zona es absoluta y si no se soluciona «después de tantos años, sería un palo muy grande».
Por eso, «le digo a mis nietas -más que a mis hijos- que defiendan la casa con uñas y dientes, hasta el final, porque esta es su casa, su playa, su tiempo de juegos...».
Explica que esta zona concita suficientes valores científicos, arqueológicos, etc. que permiten mantenerla tal como está «y por eso seguimos peleando». Agrega que «Tufia es una joya, pero si le quitas primera línea, no será igual». Y lo tiene claro: «Este barrio está aquí antes de la ley de Costas, y ya estaba poblado antes de que llegaran los españoles en la Conquista».
Negociación
Como representante de los afectados a nivel regional, José Luis Langa se muestra abierto a la negociación, pero también muy crítico: «Ahora que está constituida la comisión mixta con el Gobierno y los ayuntamientos, hay que trabajar duro. Ya no se puede echar la culpa a Madrid, la responsabilidad ahora es de Canarias».
Como primer paso, se ha dirigido a los 64 ayuntamientos afectados por la Ley de Costas para que se defina un registro con el número de familias afectadas que están en núcleos poblacionales urbanos consolidados, es decir que cuentan con servicios de agua o electricidad, u otro tipo de infraestructuras, como carreteras. «Lo queremos por escrito y que los alcaldes se mojen, porque ahora las decisiones se toman aquí».
Muchos de los núcleos con sentencia de desalojo y derribo, explica, tienen las condiciones para ser considerados consolidados, como Puntalarga y El Faro (Fuencaliente).
Las sentencias para estos enclaves son de 2005 y reactivadas en 2015. Su objetivo ahora es volver a poner esta situación en conocimiento de los jueces para que se suspendan las ejecuciones hasta conocer la realidad, al menos en este periodo transitorio «e incardinar la parte jurídica con la parte ética, moral y lo que significa la historia de Canarias, obviada por Madrid».
Explica Langa que todos los núcleos son de antes de 1988. «Ahí han nacido generaciones y Costas plantea su derribo aunque estén registradas». La solución que ofrece, dice, es una concesión administrativa «para que, en el mejor de los casos, tengan que pagar un canon para mantenerse en una casa que es suya».
Más sensibilidad
Respecto al 'aviso' de Madrid de que aún con transferencias hay que aplicar la ley, Langa considera que es «una obviedad» y coincide con Juan Sánchez en que, aún así, la proximidad a la hora de tomar decisiones puede generar una interpretación «con mayor sensibilidad» hacia la situación que se vive en las islas.
Otro de los barrios afectados es El Altillo, en la costa de Moya. Cuenta con siete viviendas en zona de dominio público marítimo terrestre cuyos expedientes, según el alcalde, Raúl Afonso, se van a examinar uno a uno y «tienen todas las posibilidades que se salven o se les dé una buena solución para los vecinos».
Explica que el Ayuntamiento -con dinero del Estado, Cabildo, Gobierno canario y fondos propios- elabora un plan para rehabilitar la zona. «No parece lógico nos den presupuesto para mejorarlo y quieran tirarlo».
Sin embargo, el gran problema en la costa de este municipio es el plan parcial PTP-15 del Cabildo. Es una actuación «nefasta», dice Afonso, que redefine la costa norte y afecta a 88 construcciones de manera total o parcial de Moya, además de 49 de Guía y 129 en Arucas.
El problema es que no hay suelo disponible en la zona para realojarlos y la opción que les ofrecen es otro barrio u otro municipio «y se quedan tan anchos», dice el alcalde, que está dispuesto a llegar a los tribunales.
