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A lo largo de tres entregas, la primera este domingo y la tercera y última el martes, CANARIAS7 recopila fechas, protagonistas y hechos que ayudan a componer el puzle de la presunta corrupción que nació al calor del estallido, a comienzos de 2020, de la pandemia de covid-19 y la urgencia de resolver las carencias sanitarias.
Esta primera entrega se centra en cómo fue la respuesta a esa crisis en el Gobierno de Canarias.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba el real decreto por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la pandemia. Flexibiliza los procesos de contratación, pero no exime de la obligación de justificar los procesos administrativos o de rendir cuenta del libramiento de los fondos y publicar los contratos realizados. Por su parte, el 2 de abril de 2020, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley de medidas extraordinarias económicas, financieras, fiscales y administrativas.
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El Consejo de Gobierno creó el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias. De esta decisión se informa en una nota de prensa publicada el 20 de marzo en el portal de noticias del Ejecutivo, en la que se habla de la «primera reunión» de este organismo. Incluye una foto en la que están Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Sebastián Franquis en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, y Antonio Olivera, Julio Pérez y Teresa Cruz, entonces consejera de Sanidad, en Tenerife.
Sin embargo, el preinforme de la Audiencia de Cuentas indicó en su momento que «no existe acuerdo alguno del Consejo de Gobierno» creando este Comité de Gestión. También resaltó que «no fue creado como un órgano colegiado en los términos que indica la Ley de Régimen Jurídico del sector público de 2015», ni tampoco se tuvo en cuenta que en 2014 el Gobierno de Canarias ya había creado un comité ejecutivo de respuesta ante situaciones de emergencia.
La nota del Gobierno indicaba textualmente: «Presidido por el titular del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, ese Comité además está integrado por el vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y por los consejeros de Sanidad y de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Teresa Cruz y Sebastián Franquis, a los que se une el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Junto a ellos, en calidad de asesores, se hallan los viceconsejeros de la Presidencia, Antonio Olivera, y de Comunicación, Ricardo Pérez».
Y añadía: «El Comité también aprobó hoy la incorporación a este órgano, en la condición de apoyo técnico, de la directora del Servicio Canario de la Salud, Blanca Méndez; del secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Conrado Domínguez, y del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúriz».
Una nota en el portal informó del nombramiento de Conrado Domínguez como coordinador técnico del Comité. «En el día de hoy se ha nombrado coordinador técnico del Comité a Conrado Domínguez. De esta forma, el actual secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se incorpora al equipo que había conformado Torres y que estaba integrado por el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; la consejera de Sanidad, Teresa Cruz; el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis; el consejero de Administración Pública, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera; el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturiz».
En ese momento, el pulso interno con la consejera de Sanidad había escalado hasta generar una crisis irresoluble. Entre otras cuestiones, Teresa Cruz no compartía que se diese protagonismo a Conrado Domínguez, que había dirigido el SCS en el Gobierno de Fernando Clavijo, con José Manuel Baltar como consejero. Cruz fue cesada, como también Blanca Méndez. Julio Pérez y Antonio Olivera asumieron sus cargos.
Otra noticia en el portal del Gobierno informó sobre una «nueva» reunión del Comité. Incluyó una foto del Comité: en la imagen estaban Torres, Román Rodríguez y Ricardo Pérez en la sede de Presidencia en la capital grancanaria y Julio Pérez y Antonio Olivera.
La nota de prensa indicaba la composición del Comité y los expertos que lo asesoran. Incluyó declaraciones del ahora rector de la ULPGC, Luis Serra, como catedrático de Medicina Preventiva.
La comunicación oficial agregaba textualmente: «El CGES cuenta con el asesoramiento permanente de expertos y expertas técnicos y científicos como Lluís Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública; Beatriz López, catedrática de Economía de la Salud; José Ángel García, jefe del Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil; y Antonio Sierra, catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública».
La Audiencia de Cuentas realizó un informe sobre todos los contratos realizados por la comunidad autónoma para hacer frente a la emergencia de la pandemia covid. Dicho informe indicaba textualmente: «La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud autorizó gastos superando los umbrales establecidos en la citada normativa, sin que conste que para la realización de los mismos hayan solicitado autorización al Gobierno de Canarias». Ana María Pérez era la directora de Recursos Económicos del SCS.
El informe indicaba que «el mayor volumen de gasto en adquisición de material sanitario realizado por el SCS se concentró en 16 empresas» mediante los que el Servicio Canario de Salud adquirió mascarillas y otro tipo de material de protección ante el covid por 81,9 millones de euros. Y añadía que «el 22% corresponde a dos empresas cuyo objetivo social no se corresponde con la venta de material sanitario».
Los contratos ahora mismo en investigación judicial suman 39,2 millones de euros (47% del total): 4 millones del caso Mascarillas, 12,3 millones del caso Koldo y 22,9 millones del caso Damco.
Además, el preinforme de la Audiencia también indicaba que el Hospital de la Candelaria «tiene almacenados 6,6 millones de productos covid que no cumplen los requisitos mínimos de calidad». El valor aproximado de dicha compra inservible fue de 2,1 millones de euros.
El pleno de la Audiencia de Cuentas rechazó el preinforme con los votos de dos representantes propuestos en su día por el PSOE y uno por NC. Sin embargo, el órgano fiscalizador elevó al Tribunal de Cuentas el contrato con RR7 (caso Mascarillas) al observar irregularidades contables. Esta causa fue archivada en diciembre de 2023 por el Tribunal de Cuentas al valorar el esfuerzo realizado por el Gobierno para recuperar el dinero, pese que a hasta la fecha no se ha recuperado ni un euro.
La Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento solicitó a la Audiencia de Cuentas que realice un nuevo informe para fiscalizar los efectos de la covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad autónoma en la décima legislatura. Ese informe no se ha emitido aún y Coalición Canaria ha solicitado a la Audiencia celeridad.
La Fiscalía Europea anuncia que investiga el uso de dinero europeo por parte de Canarias y Baleares en contratos del caso Koldo. Ya había hecho lo mismo en octubre de 2022 por los 4 millones de euros pagados por Canarias ligados al caso Mascarillas. No ha hecho lo mismo con los fondos destinados al llamado caso Damco porque el juez solo ha abierto, hasta ahora, diligencias por presuntos delitos fiscales. Si ampliara los delitos, como apunta la Fiscalía a partir de la investigación de la Agencia Tributaria, sí podría entrar.
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