Toma el dinero y corre (2)

Cuatro millones de euros, un millón de tapabocas que no llegaron y un dinero que se esfumó. A continuación se resume la cronología del caso.

El Gobierno de Canarias paga de forma anticipada 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas a la empresa RR7. La contratación se realiza a través de la Dirección General de Recursos Económicos, a propuesta de uno de los miembros del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, órgano creado supuestamente en el Consejo de Gobierno celebrado el 19 de marzo, según nota de prensa del portal de noticias del Ejecutivo.

No existe constancia del origen de esa contratación. Se afirma que la propuesta llegó vía mensaje de móvil, enviando mediante este sistema la oferta y la tarjeta de identificación fiscal de la empresa.

Los servicios técnicos del SCS constatan que no ha hecho efectiva la entrega de las mascarillas y que resulta imposible justificar los pagos. La empresa notifica la imposibilidad de cumplir el contrato y propone una alternativa. No consta documentación de la aceptación de esta alternativa en el SCS.

Llega el cargamento de mascarillas contratado a RR7, un año después de contratarse con urgencia. Además, de ser el 10% menos de los contratado (900.000 mascarillas), no cumplen los requisitos mínimos: no se puede saber la calidad porque no tienen acreditación de la UE, y la Agencia Tributaria confirma que son falsificadas, por lo que procede a su incautación. La empresa asume el coste de la destrucción.

El Gobierno inicia el proceso para intentar recuperar los 4 millones de euros, ya que el suministro de mascarillas nunca llegó a recibirse. El Servicio Canario de la Salud contrajo una liquidación derivada de la exigencia de reintegro por resolución del contrato adjudicado a la entidad RR7 United, S.L..

El vencimiento de dicha deuda, en período voluntario, se produjo en julio de 2021, por lo que, no habiéndose producido el ingreso de la misma, se inició el período ejecutivo y el Servicio Canario de la Salud, mediante el correspondiente fichero, cargó la deuda en el sistema informático de la Agencia Tributaria Canaria en octubre del mismo año, para su recaudación en vía ejecutiva.

La Agencia Tributaria Canaria notificó el 25 de noviembre de 2021 la oportuna providencia de apremio. El vencimiento del plazo de ingreso previsto en la providencia se produjo el 5 de diciembre de 2021. No habiéndose producido el ingreso de la deuda tampoco dentro del precitado plazo, la deuda se introdujo en el circuito de embargos legalmente previstos.

Los embargos practicados al deudor principal, la entidad RR7 United, S.L., dieron el siguiente resultado: los embargos de cuentas corrientes se realizaron en marzo de 2022, con resultado negativo (ello implica la no existencia de saldo en cuentas, la cuenta de la que era titular la entidad había sido cancelada en enero de 2021, es decir mucho antes de que el Gobierno comenzara el proceso para recuperar el dinero por las malas). Los embargos de créditos, actuación posterior, fueron también con resultado negativo (los clientes informaron del saldo de los créditos en una fecha anterior a las diligencias de embargo). Se realizaron 13 intentos de embargo de créditos.

La consulta a los Registros de la Propiedad dio resultado negativo (no constan inmuebles a nombre de la entidad deudora). En la consulta a la Dirección General de Tráfico, relativa a los vehículos a embargar, se informa de que la entidad es titular de dos vehículos, uno con una antigüedad de más de diez años y cuya enajenación resultaría antieconómica (diferencia entre costes de enajenación y precio de remate muy baja) y otro de alta gama que tiene embargos y precintos anotados por la AEAT.

La Audiencia de Cuentas realiza un preinforme sobre todos los contratos realizados por la comunidad autónoma para hacer frente a la emergencia de la pandemia covid. Dicho informe indica textualmente: «La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud autorizó gastos superando los umbrales establecidos en la citada normativa, sin que conste que para la realización de los mismos hayan solicitado autorización al Gobierno de Canarias».

El informe cita textualmente el contrato por 4 millones de euros con RR7, indicando que el pago se abonó «en su totalidad, sin que se hiciera efectiva la entrega del suministro (1 millón de mascarillas)». Lo califica como «un caso especialmente significativo».

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas inicia una investigación tras una denuncia particular por indicios de presunta estafa por parte de RR7 y prevaricación y malversación de fondos públicos por parte de la Administración autonómica.

Cese a petición propia de la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y nombramiento de sustituto.

El pleno de la Audiencia de Cuentas rechaza el preinforme con los votos de dos representantes propuestos en su día por el PSOE y uno por NC.

El Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Los investigados son Conrado Domínguez, que fue coordinador del Comité de Emergencias Sanitarias del Gobierno regional en la época de los hechos investigados y que, meses después, se convirtió en director del SCS; Ana María Pérez, que ostentó hasta abril de este año la dirección de Recursos Económicos del organismo público, y Rayco Rubén González, el empresario al que se le adjudicó el contrato de emergencia de cuatro millones de euros para la adquisición de unas mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales públicos.

Conrado Domínguez, exdirector del SCS, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la ex directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Alonso, por presunta prevaricación administrativa; y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

Tanto el director del SCS como el consejero de Sanidad de entonces, Julio Pérez, han explicado que este contrato se cerró amparado por el artículo 16 del Real Decreto 7/2020 aprobado por el Gobierno central y convalidado por el Congreso de los Diputados, que permitía la adjudicación directa y el pago por anticipado de la totalidad de los fondos públicos para el aprovisionamiento del material de protección. Sin embargo, la querella del fiscal señala que lo que no permitía esa norma «en modo alguno» es que se aprovechara «esa amplia facultad para beneficiar a un amigo intermediario que lo único que aporta es un contacto (amigo también) manifiestamente incompetente para el encargo del importante suministro efectuado».

Otro de los episodios controvertidos del caso Mascarillas tiene que ver con la modificación del contrato. Más de un año después de su firma, ya se había constatado el incumplimiento de la adjudicataria, que no había entregado el material comprometido. En marzo de 2021 había llegado al aeropuerto de Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que acabó siendo triturada en Aduanas después de que la Agencia Tributaria constatara, tras una consulta con la fabricante 3M, que eran falsas.

A pesar de ello, tres meses después el SCS aceptó el cambio propuesto por la adjudicataria, que hasta esa fecha no había contestado a los requerimientos realizados pero que, sin embargo, planteó adquirir por el mismo precio 1,2 millones de mascarillas de otro modelo y marca. La querella sostiene que no existe ninguna cobertura legal para modificar un contrato que ya está extinguido (se había resuelto en mayo por el incumplimiento).

El Tribunal de Cuentas archivó el caso al no detectar irregularidades en el llamado caso Mascarillas. Pese a reconocer el daño a las arcas públicas de la comunidad autónoma de 4 millones de euros, considera acreditado que se había iniciado por parte del SCS el procedimiento para intentar recuperar el dinero.

No se ha conseguido recuperar, dos años y medio después, ni un euro de los 4 millones que se pagaron a RR7. Dado el resultado negativo de las actuaciones ordinarias de embargo realizadas, la Dependencia de Investigación Patrimonial inició otras de averiguación del destino de los fondos, a fin de apreciar si pudieran concurrir los supuestos de derivación de responsabilidad solidaria, esto es, a las personas «que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria». Se abrieron cuatro procedimientos para determinar la responsabilidad solidaria, tanto de personas físicas como jurídicas que habían causado o colaborado en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración. Dichos procedimientos se realizaron por importes de 326.400 euros, 315.000 euros, 537.433,43 euros y 146.400 euros, en total, 1.325.233,43 euros (solo representa el 32,5% de los 4 millones que pagó el SCS).

En el seno de dichos procedimientos, y a efectos de asegurar las responsabilidades económicas que pudieran derivar de dichos expedientes de derivación, se acordaron medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de los bienes inmuebles, de naturaleza urbana (tres viviendas y una plaza de garaje) y de naturaleza rústica. Dichos embargos preventivos se han convertido en definitivos en el seno del procedimiento de apremio que se sigue contra los responsables, pudiendo proceder, en su caso, su enajenación mediante subasta. En algún supuesto, dado que el domicilio del deudor por derivación radica fuera de Canarias, el procedimiento se sigue por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las deudas derivadas de los procedimientos de responsabilidad iniciados se encuentran en fase de embargo, por lo que los procedimientos de apremio no han concluido.

La causa sigue en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia en octubre de 2022 por el uso de fondos comunitarios por parte del Gobierno.

El Gobierno de Canarias, vía el Servicio Canario de Salud, cerró contratos con las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services para suministrar mascarillas y otros materiales a los hospitales. Ascienden en total a 22,9 millones de euros: a 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021.

Una parte de los ingresos fueron transferidos a la empresa Tabaiba Capital, con Miguel Ángel Ramírez como administrador único, y otra a B&M Sport Marketing, con Lucas Bravo de Laguna como administrador único. En total Tabaiba ingresó unos 6,7 millones de euros de los 22,9 millones que pagó el SCS a Damco y B&M 1,7 millones de euros al actuar como «intermediarios». La fiscal no ha encontrado pruebas de que hicieran ninguna labor concreta en el proceso de suministro del material.

El SCS contrata por 15,8 millones de euros suministros sanitarios con la empresa Damco.

Las empresas Damco firma un contrato con Tabaiba para la ejecución de las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos. Debía localizar clientes a cambio del 100% del sobreprecio que obtuviera de los compradores. Ese mismo día Miguel Ángel Ramírez fue nombrado administrador único de Tabaiba. Esta empresa subcontrató a B&M a cambio de la cuarta parte del precio.

Lucas Bravo de Laguna fue nombrado administrador único de la empresa B&M que subcontrató Tabaiba, que tiene como administrador único a Miguel Ángel Ramírez. La empresa de Bravo de Laguna subcontrató después a Christian Cerpa Espino, que ingresó en total más de 800.000 euros (580.000 de B&M y 366.000 directamente de Damco y Tanoja).

El SCS firma dos contratos más con Damco por 7 millones de euros: uno por 4,2 millones de euros y otro por 2,7 millones de euros.

La Fiscalía de Asuntos Económicos inicia una investigación a raíz de la denuncia de la Agencia Tributaria, al observar discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.

Es admitida a trámite la querella presentada por la Fiscalía por posibles delitos de malversación, blanqueo de capitales y fraude fiscal por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega. La juez solo aprecia sin embargo un posible delito fiscal, «sin perjuicio» de que en el desarrollo de la investigación se aprecien otras acciones ilícitas.

mañana: el ministro amigo, el asesor y su clan