Crecen un 96% las quejas por la «mala» gestión de la Seguridad Social en Canarias

En su informe anual se recogen 3.671 nuevas quejas durante 2021, lo que supone un incremento del 26% con respecto al año anterior y más de un 100% en los últimos cinco años.

La institución recibió la mayoría de las reclamaciones vía telemática, después de modernizar su web y reforzar su línea de teléfono gratuito ante las restricciones de movilidad, que han dificultado de forma generalizada el acceso a las administraciones.

El cúmulo de estas reclamaciones se concentran nuevamente en las áreas de Dependencia y Discapacidad, que suman la cuarta parte del total de expedientes abiertos. Es por este motivo que Yanes ha anunciado que la próxima semana abordará en un informe extraordinario ante la Cámara esta problemática. «Esperamos que sea un punto de inflexión -aseguró- Ya que el documento contendrá, además, propuestas de mejora».

En términos generales, Yanes quiso destacar la atención telefónica como uno de los mayores handicap de la administración. Si bien admitió que 012 funciona «razonablemente bien», la Seguridad Social todo lo contrario. Las críticas hacia la entidad, dependiente del Gobierno central, han disparado un 96% las quejas de los canarios. «La Administración Pública se ha alejado de la ciudadanía», exclamó.

En esta línea, el Diputado del Común considera «inadmisible» que no se contesten las llamadas o que ese contacto se haga a través de una máquina que les aboca a un «laberinto burocrático» y no a través de un ser humano que escuche y oriente. También se quejó por mantener colas de espera en la calle ya que, una vez pasado el punto crítico de la pandemia, «la gente hace vida normal» y carece de sentido.

De nuevo, hizo especial hincapié en el ámbito sanitario y en las listas de espera para ser atendidos por especialistas. La media en el archipiélago es de 118 días, mientras que para las operaciones asciende a 144. Hasta final de año, 30.000 pacientes -una cidra superior a la media por habitante del resto del país- sufrían los efectos de estas demoras en las listas canarias.

Los atascos en los trámites se extienden a Dependencia, señaló Yanes, donde hay recursos pendiente de resolución desde 2014, «con demandantes que probablemente han fallecido»; los plazos de tramitación de las pensiones no contributivas, que se demoran hasta 500 días, cuando no deberían superar los 90; o los de la PCI, que llegan a los 300 mientras que su límite está en 60.

Por otro lado, las quejas por desahucio se han multiplicado por dos y Yanes ha augurado que continuarán en aumento. La cifra, sin embargo, es la mitad si se compara con la de 2019 debido a los dos decretos que paralizaban la ejecución de deshaucios.

A su juicio, este es uno de los principales indicadores de la necesidad de ampliar la vivienda pública en Canarias, que actualmente cuenta con un parque de 16.000 inmuebles frente a otras comunidades semejantes, como el País Vasco, con 60.000.

Tecnologías de la Información y la Comunicación también fue el área que más creció este año con respecto al anterior, con un incremento del 925%, por la petición ciudadana de acceso a la fibra óptica ante la implantación del teletrabajo y las docencia online.

La distribución de los expedientes tramitados entre las islas es bastante irregular: La Palma y El Hierro son las que más quejas han presentado en relación al número de habitantes.

Atendiendo a las diferentes áreas, Tenerife acumula el 36% de las reclamaciones sobre la Dependencia mientras que en La Gomera no se presentó ninguna. Fuerteventura registró el 41% de los expedientes de Política Territorial, mientras que en Lanzarote apenas llega al 5%.

El dato positivo del informe se relaciona con un descenso del 63% en el número de recordatorios de deber legal y en un 52% con respecto a las advertencias a las administraciones. Además, el Diputado del Común no firmó ninguna declaración de obstruccionismo. «Este resultado se debe un trabajo de acercamiento y de sensibilización con nuestras peticiones de informe», añadió.