Caso Mascarillas

Conrado Domínguez no declara ante las fiscales europeas y anuncia que lo hará más adelante

La Constitución Española, en su artículo 24.2, dice -entre otras cuestiones- que un investigado tiene derecho a «no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia». Pues a este derecho fundamental se acogió este lunes el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, que no accedió a ser interrogado en su primera comparecencia ante la Fiscalía Europea que lo investiga por el caso Mascarillas.

Lo hizo argumentando que aún no había tenido acceso a todas las actuaciones, es decir, la instrucción de esta causa no les había dado traslado de todos los informes que los investigadores han ido elaborando e incorporando hasta la fecha en un caso Mascarillas que pone la lupa en la adjudicación presuntamente delictiva que realizó el SCS a la empresa automovilística RR7. Un contrato de cuatro millones por un millón de cubrebocas 3M ejecutado en plena pandemia y que no llego a buen término ya que este material nunca llegó a los hospitales de las islas, aunque el dinero sí salió de las arcas públicas.

Conrado Domínguez llegó a la sede de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) a las 8.42 -hora canaria- acompañado de la letrada Lucía García-Morales, que pertenece al bufete del abogado José Antonio Choclán, y también contó con el apoyo del jurista grancanario José María Domínguez, que lo asistió en la fase inicial de este procedimiento.

En esta breve comparecencia, los representantes del exdirector del SCS transmitieron a las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez que aún no habían podido acceder vía telemática a todo el expediente. Todo hace pensar que se trató de un incidente de carácter técnico.

El propio Conrado Domínguez anunció a las fiscales que desde que pudiera examinar toda la documentación, no tendría problemas en declarar a lo que las fiscales le advirtieron que ya la EPPO había cumplido con su obligación de citarlo en calidad de investigado y que, en cualquier caso, si éste se decidiera en un futuro a volver a comparecer, tendría que solicitarlo.

Esta postura también la adoptó la defensa del intermediario Oswaldo Lastras, que pedirá declarar desde que su letrado José Ángel Cruz analice el procedimiento en su totalidad.

Hay que recordar que la semana pasada el abogado José Antonio Choclán intentó suspender la comparecencia de Conrado Domínguez alegando el mismo argumento, es decir, que no se le había dado traslado de todos los informes que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial después de que examinaran el móvil del propietario de RR7, Rayco González. Las fiscales no accedieron a la suspensión y llevaron a cabo el acto de este lunes que, probablemente, tendrá solución de continuidad cuando Conrado Domínguez interese deponer ante el organismo europeo.

Sería la tercera vez que Domínguez se somete a un interrogatorio por el caso Mascarillas. La primera de ellas fue ante el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas en la fase de diligencias preprocesales que derivaron en la interposición de una querella por parte del Ministerio Público. Fue el 6 de julio de 2022 y en esa ocasión, Domínguez manifestó a CANARIAS7 que «no tenía relación» con ninguno de los intermediarios, solo «con quien me mandó la oferta», en referencia a Samuel Machín. Un argumento que, con el paso del tiempo, se desmoronó cuando este periódico publicó los múltiples mensajes que se intercambió con Machín y Rayco González.

Posteriormente, en septiembre del mismo año ante el magistrado instructor de la causa Francisco Javier García García-Sotoca -cuando la misma estaba residenciada en Las Palmas de Gran Canaria-, el investigado atribuyó la responsabilidad de la tramitación del contrato fallido a la que era directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. La funcionaria está citada para declarar ante las fiscales el próximo miércoles por la presunta comisión -al igual que Domínguez- de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

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