«Buenas tardes, Conrado, yo creo que el tema de FFP2, FFP3, no hace falta ponerlo. Son las 3M 1860»

Así lo ponen de manifiesto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el informe con fecha de marzo de 2024 remitido a la Fiscalía Europea en el marcado del caso Mascarillas. A lo largo de más de cien folios de informe y varios centenares de documentos adjuntos, los investigadores cruzan los mensajes intercambiados básicamente entre los dirigentes públicos, esto es, Conrado Domínguez -primero como miembro del Comité de Gestión ante la pandemia- y después como director del Servicio Canario de la Salud, y Ana María Pérez, directora de Recursos Económicos del SCS, y la parte privada del negocio, conformada por el dueño de RR7 y cuatro personas en calidad de intermediarios: Samuel Machín, Oswaldo Lastras, Lucas Cruz e Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh.

La UDEF señala precisamente a Conrado Domínguez, Samuel Machín, Oswaldo Lastras, Lucas Cruz e Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh como partícipes del entramado en calidad de comisionistas. En el caso del que fuera director del SCS se llega a afirmar que tenía la expectativa de una «comisión/beneficio».

Conrado Domínguez intercambió con Rayco González mensajes sobre cómo armar el contrato para la compra de un millón de mascarillas del modelo 1860 de la marca 3M, material que nunca fue entregado. Los mensajes reflejan esa complicidad. El informe destaca uno enviado por el dueño de RR7 el 25 de mayo de 2020, cuando Domínguez formaba parte del Comité de Gestión y se estaba 'cocinando' el contrato: «Buenas tardes Conrado, ehhh yo creo... que... en el tema de FFP2, FFP3, no hace falta ponerlo porque son las 3M 1860. (Se escucha de fondo a un varón desconocido de fondo decir: '1860 lleva un filtro'...) Y ya está, es que claro, es que ese filtro, 1860 es la única que hay, de 1860. Con eso ya poniendo que es 3M 1860, el modelo, ya te sirve».

Ese mismo día, Conrado Domínguez recibe otro audio del dueño de RR7, acompañado de abundante información gráfica: «Conrado, ésta es la... la top, ¿sabes?... está la 8210 y la 1860, ¿vale? La 8210 es la más, es la civil realmente, ¿sabes? la que utilizan más para las personas a pie y demás. Y estas solas.... solamente exclusivas para tema de hospitales, quirúrgicas, ¿vale? Eso es FFP3 como mínimo, ¿sabes? Por no decirte más».

Tras escrutar cientos de mensajes y ponerlos en el contexto de los pasos que fue dando el SCS, los investigadores consideran llamativo no solo cómo se hizo el contrato inicial, sino las circunstancias de la segunda oportunidad del SCS a RR7. Así, destacan que «el propio Servicio Canario de la Salud redacte un borrador-documento a una mercantil (para que ésta a su vez lo presente ante dicho órgano) teniendo abierto un expediente de reintegro por una deuda contraída con dicha administración ante el incumplimiento de un contrato». También alertan ante el hecho de que «el propio Servicio Canario de la Salud autorice el cambio de mascarillas aceptando en el escrito (que dicho organismo ha redactado) que no se altera el objeto del contrato». Y agrega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal su sorpresa al comprobar que «a pesar de lo anteriormente expuesto, y aún sabiendo de antemano dicho organismo el precio de las nuevas mascarillas a adquirir, esto es 1,33 €, acepte el cambio de las mismas manteniendo el mismo importe total del contrato anterior (4.000.000 €) y aumentando finalmente y únicamente las unidades en 200.000, resultando un mayor beneficio aún si cabe para la empresa deudora».

Pese a esa segunda oportunidad a RR7, nunca llegaron las mascarillas prometidas. El Servicio Canario de la Salud reclamó en vía de apremio el dinero y a día de hoy el Gobierno canario no ha logrado recuperar un solo céntimo.

Arranca una semana de gran relevancia en el marco de la investigación del caso Mascarillas, con dos hitos en el calendario.

El primero es este lunes y en Madrid. En la sede de la Fiscalía Europea está citado en calidad de investigado Conrado Domínguez, que fue director del Servicio Canario de Salud entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022 -ya lo había sido con Fernando Clavijo en la Presidencia- y que en abril de 2020 fue incorporado al Comité de Gestión contra la pandemia.

La Fiscalía Europea no accedió a la petición de aplazamiento de la comparecencia que había planteado la representación legal de Conrado Domínguez.

El interrogatorio versará, previsiblemente, en torno a las contradicciones entre su testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción en sede judicial y las de quien fuera directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que también está citada declarar este mes.

Otras de las cuestiones sobre la mesa es el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía en el que se incide en la gran cantidad de facilidades que se dio desde el Gobierno canario a RR7 para el contrato del millón de mascarillas del modelo 1860 de la marca 3M, sobre todo habida cuenta su nula experiencia en contratos sanitarios y que se trataba de una empresa de compraventa de coches.

El jueves se procederá, por orden de la Fiscalía Europea, a la entrada y registro en la sede del Servicio Canario de la Salud en la capital grancanaria para acceder a los correos corporativos de Conrado Domínguez y Ana María Pérez. Ambos pueden estar presentes en esos registros.