LA CCE considera que sería «lamentable» que con las necesidades existentes en el tejido empresarial, se devolvieran recursos. / ARCADIO SUÁREZ

Las condiciones de las ayudas del Estado espantan a las empresas

La Confederación Canaria de Empresarios reconoce que las restricciones del fondo son «altísimas» y confía en un 'Plan B' para no devolver dinero

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de gran Canaria.

A falta de pocos días para cerrar el plazo, en torno a 15.000 empresas canarias han solicitado las ayudas directas financiadas por el Estado con 1.144 millones de euros, una cifra que se queda muy lejos de las previsiones del Gobierno de Canarias, que estimaba una concurrencia de cerca de 60.000 empresas.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), su presidente, Agustín Manrique de Lara, reconoce que el volumen de solicitudes presentado hasta ahora es «bajo», aunque se muestra prudente a la hora de valorar si se podrán repartir todos los fondos asignados al archipiélago para paliar los daños causados por la pandemia en el tejido productivo. A su juicio, una de las causas del escaso número de empresas que hasta ahora han optado a estas ayudas -el plazo finaliza el próximo miércoles día 28- son las «altas restricciones impuestas por el Estado, en comparación con otros países europeos», unas condiciones, agrega, que las comunidades no han podido flexibilizar.

Aunque es la autonomía que logró el mayor porcentaje de la partida de 7.000 millones aprobada en marzo por el Gobierno central en ayudas directas a empresas y autónomos, Canarias no es la única que tiene problemas para ejecutarlos. Tal como publicó ayer El País, el reparto no está teniendo el resultado esperado a nivel nacional, por lo que el Ministerio de Economía ha abierto la mano con los criterios intentando llegar a más empresas. De esta manera, los distintos gobiernos autonómicos están ampliando plazos, aumentando por segunda vez los sectores beneficiados, e incluso cambiando criterios y lanzando nuevas convocatorias para intentar que estos recursos puedan beneficiar a más negocios e incrementar las cantidades. Esta posibilidad, recogía ayer el diario, puede generar un claro riesgo de que la Intervención o el Tribunal de Cuentas eche abajo las subvenciones, en palabras de un alto cargo autonómico, por lo que considera que si el Estado quiere añadir un nuevo criterio para la distribución de las ayudas, el Consejo de Ministros debe cambiar el decreto.

Manrique de Lara considera que «no sería lógico» cambiar las reglas a mitad de partido aunque sería una fórmula para que no se tuvieran que devolver recursos «aunque sería abrir el melón para todos otra vez». Al respecto, indica que la patronal ya advirtió de que los criterios fijados eran muy restrictivos y se aceptaron algunas de sus propuestas.

La convocatoria está destinada a realizar pagos pendientes a proveedores y otros acreedores; satisfacer deudas financieras y no financieras y cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Está dirigida a empresas y profesionales de todos los sectores que hayan registrado una caída en su facturación de un 30% como mínima.

Las ayudas se han distribuido en dos líneas en función del tipo de tributación. La línea 1 está destinada a autónomos que pagan impuestos en modalidad de tributación objetiva y se ha dotado con 70 millones. La línea 2, se divide a su vez en tres grupos en función del número de personas empleadas: de 0 a 10 trabajadores, dotada con 650 millones; de entre 11 y 49 trabajadores, con 212 millones de euros, y de más de 50 trabajadores, también con 212 millones. Estas ayudas destinan 932 millones de euros, un 81,5% de su presupuesto, a las pymes y personas trabajadoras autónomas, parte fundamental del tejido productivo de Canarias.

Según las estimaciones de la Consejería de Economía, la próxima semana se podrían empezar a abonar las subvenciones de las líneas 1 -autónomos que tributan por tramos- y 2.1 -las que tienen hasta diez empleados-, «incluso antes de que acabe el plazo para presentar solicitudes» al entender que son las que peor lo están pasando.

Para el presidente de la patronal, Agustín Manrique de Lara, sería «lamentable y grave» para el tejido empresarial de las islas que a pesar de las necesidades que están pasando las ayudas no llegaran en su totalidad.