Una Sala «pasiva», según el voto de Doreste

09/02/2019

Antonio Doreste sostiene que, al no haber en dicho Estatuto una regulación transitoria del fin del aforamiento, «hay que acudir al Derecho Transitorio Común o General, que es el de las Disposiciones Transitorias del Código Civil (...)

El voto particular de Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canaria, se fundamenta en dos pilares: por un lado, que la jurisprudencia en que se apoya el auto «no es aplicable», ya que se refiere «a casos de renuncia del aforado al cargo» y, en segundo término, porque la «actitud pasiva de este tribunal, durante semanas, esperando al informe del fiscal, cuando no hay norma alguna que obligue a esta espera, omitiendo resolver antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía las dos peticiones pendientes, pone en riesgo el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley (...) del titular del derecho al aforamiento».

Como ya hiciera en su anterior voto particular, Antonio Doreste sostiene que, al no haber en dicho Estatuto una regulación transitoria del fin del aforamiento, «hay que acudir al Derecho Transitorio Común o General, que es el de las Disposiciones Transitorias del Código Civil (...) lo cual, aplicad al caso, conduce a que, nacido el derecho del aforado de hecho anterior a la entrada en vigor del nuevo Estatuto, ese derecho se regirá por la normativa anterior, es decir, el antiguo Estatuto de Autonomía de Canarias».

Respecto a la pasividad de la Sala y la actuación de Fernando Clavijo, Antonio Doreste puntualiza lo siguiente: «La pasividad de la Sala en resolver (que, por sí, ya supone la adopción de una decisión: la de esperar) podría encontrar justificación en la equivalente actitud pasiva del aforado, hasta entonces también esperando, como la Sala, al informe del Ministerio Fiscal; pero desde que esta pasividad desapareció, reclamando el aforado a la Sala una decisión, esta justificación se esfumó y obligaba a la Sala, ya sin excusa alguna, a decidir. Cabe indicar», agrega Antonio Doreste, «que la jurisprudencia constitucional da relevancia a la actitud del afectado en el sentido de que aluda a las dilaciones, cosa que el aforado hace en su escrito de solicitud de resolución judicial ante esta Sala». Y agrega que Clavijo asumía el riesgo de «empeorar su situación procesal penal» al pedir celeridad, pero reitera que en todo caso lo relevante es que la Sala debía «darle respuesta».

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