Clavijo confía en que el nuevo auto judicial «corrija» la situación de los menores migrantes asilados
El presidente canario se pregunta porqué el Estado «no ha hecho nada» para proteger a los 1.000 menores malienses y sí con los ucranios
El Gobierno de Canarias tiene «un sentimiento agridulce» después del nuevo auto del Tribunal Supremo que le da la razón en algo «obvio, que está en el ordenamiento jurídico y que llevamos defendiendo durante dos años», señaló este jueves el presidente Fernando Clavijo, que se encontraba en Madrid participando en un foro sobre migración.
«Tener que acudir a los tribunales para que el Estado asuma su responsabilidad» con los 1.000 menores migrantes no acompañados y peticionarios de asilo no es la situación ideal, pero «tienes la satisfacción de que efectivamente tienes razón, pero el amargor que durante dos años muchos niños y niñas que han viajado solos, y que tenían que estar en una red internacional de protección, que tenían derecho a unas condiciones por su condición de asilados refugiados, han sido vulnerados», explicó el presidente de Canarias.
Después del auto de medidas cautelares, precisó Fernando Clavijo, el Estado «no hizo nada al respecto», lo que obligó al Gobierno de Canarias a acudir al Supremo, que ayer notificó el auto que da un ultimátum al Estado para que asuma la tutela de los 1.000 niños y niñas refugiados que en estos momentos salvaguarda la comunidad autónoma de Canarias.
Clavijo quiso dejar claro que de ello es responsable «el Gobierno de España, es el Estado, pero hay dos ministerios especialmente afectados, el de Migraciones y el de Interior». Después de «la contundencia» del auto del Tribunal Supremo, Canarias espera «que se pueda corregir, colaborando entre todos, que esos niños puedan acceder a la red de protección internacional», dándoles «el tratamiento que se merecen y al que tienen derecho».
Para Clavijo «es evidente» que ni «el Ministerio del Interior ni la Secretaría de Estado, ni la ministra de Migraciones» han entendido el alcance de la situación. «Es evidente que era algo de cajón, con un decreto del propio Gobierno que sí actuó recientemente con los refugiados de Ucrania», caso en el que el Estado «montó toda una estructura». Así que desde Canarias «no entendíamos porqué se le daba un tratamiento a los refugiados de Ucrania y sin embargo a los que vienen de África, no. De hecho, siguen negándose», afirmó Clavijo.
Por tanto, «lo que ha quedado claro» es que el Gobierno de España «no ha hecho absolutamente nada» para acoger, como debía y tras las medidas cautelares dictadas por el Supremo, «y eso espero que se corrija en los próximos 30 días». El Gobierno de Canarias «ha entregado la documentación» pertinente, «pero hay que dotar de medios a las oficinas y sobre todo garantizar a los niños y niñas, menores que viajan solos y que huyen de Malí de una guerra civil donde solo les espera la muerte, pues que el Estado (español) de una vez por todas resuelva la situación».
El margen para actuar, de 15 a 30 días, entiende el presidente canario es suficiente. «Todo el margen del mundo», pues no se trata de que los niños salgan mañana, están «con familias canarias, escolarizados, no queremos un segundo o tercer desarraigo para el menor», explicó Clavijo. «Si el menor está bien y está integrado, con una oportunidad de vida, hay que darle esa oportunidad», viendo las circunstancias de cada uno.
El Gobierno de Canarias «siempre va a colaborar para ver dónde está mejor el menor», en las islas o en otra comunidad autónoma. Pero «no ha habido voluntad de hacer esa resolución, no lo han hecho porque no han querido» ante la «falta de diligencia de determinados ministerios, no me gusta generalizar».
En cuanto al borrador del decreto de derivación de menores que se prepara, el Gobierno de Canarias ha presentado alegaciones tras algunas reuniones con el gabinete jurídico que lo está llevando «porque entendemos que en ese desarrollo los plazos se alargan sine die» según la ley de procedimientos, mientras que Canarias reclama que se haga en tres días. Y como bien dice el Supremo, explicó Clavijo, «la actuación tiene que ser prácticamente inmediata» y reubicado en 15 días el menor.
