900 centros escolares se verán afectados por la huelga de interinos

La huelga ha sido convocada con carácter indefinido aunque de momento se han agendado dos días de paro a la semana hasta el mes de marzo, que se inician el lunes día 11 y se repetirá el viernes 15. Esta primera jornada de huelga coincide con la vuelta a las aulas después de las vacaciones de navidad, tras el aplazamiento que por «motivos derivados de la pandemia» estableció la Consejería de Educación.

También en el área de Derechos Sociales se pueden producir problemas e incluso paralizar lagunas áreas como la de Dependencia, en una de las comunidad es con más retrasos en su gestión. Y es que el 91% de los empleados públicos -desde valoradores, psicólogos o trabajadores sociales- son temporales y solo hay «seis o siete personas fijas». Esta situación se une a la finalización de contrato de un centenar de trabajadores a finales del año pasado, por lo que este servicio, indica una empleada, quedará «desmantelado». Apostilla que «nos ha costado mucho llegar a este punto de respaldar una huelga porque se verán afectados los usuarios, pero no nos ha quedado otra salida, porque el Gobierno de Canarias ni siquiera quiere negociar».

Los sindicatos convocantes exigen que la administración les dé una respuesta a su situación laboral en el que muchos llevan hasta 15 años. De los cerca de 12.000 trabajadores que tiene la administración general de la comunidad autónoma, en torno a 4.000 personas se encuentran en esta condición de inestabilidad.

El representante de Sepca, Manuel González, insiste en que «se debe dar una solución al abuso de la temporalidad de larga duración» en la línea que ha marcado el Tribunal de Justicia Europeo y que se garantice su puesto de trabajo. El objetivo, dice, es que se negocie una fórmula legal que dé fijeza al personal interino sin pasar por un concurso oposición. Sin embargo, denuncia González, no existe voluntad política para iniciar esta negociación sino todo lo contrario.

En su opinión, la actitud que mantiene el Gobierno canario es de «prepotencia, porque ni siquiera acepta sentarse a estudiar la situación escudándose en que es un asunto que depende del Estado» e insiste en que la comunidad autónoma tiene mecanismos legales para darle una salida.