CC, PP y PSC renovarán la Audiencia de Cuentas sin exigir cualificación
Los tres grupos mayoritarios del Parlamento renuncian a exigir más cualificación a los consejeros auditores que renovarán próximamente. El Consejo Consultivo les instó a fijar por la ley que van a cambiar los «requisitos que puedan garantizar su capacitación».
Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Martes, 11 de julio 2017, 01:00
Coalición Canaria (CC), Partido Socialista Canario (PSC) y Partido Popular (PP) llevan al pleno que empieza hoy la modificación de la ley que regula la Audiencia de Cuentas, en la que han renunciado a establecer los «requisitos técnicos, profesionales, de especialización, antigüedad, etc...» para elegir a los consejeros auditores.
En su dictamen, el Consejo Consultivo echó en falta que la nueva ley fuera más allá del «reconocido prestigio» como figura en la vigente. Los grupos, que tendrán que elegir nuevos consejeros auditores en los próximos meses, no han hecho caso.
Distinto es lo que propone Podemos en su enmienda a la totalidad, copia de su proposición de ley orientada a modificar también la Audiencia. Además de plantear un órgano unipersonal, exigen que el presidente tenga «titulación universitaria superior, preferentemente en disciplinas jurídicas o económicas» y con «más de 10 años de experiencia» en materia de fiscalización. Además, se le define un régimen de incompatibilidades.
En cuanto al nuevo papel que desempeñará la Audiencia de Cuentas en materia de corrupción, CC, PSC y PP sí lo han definido más, tal y como les señaló el Consultivo. Éste advirtió términos «exiguos» en la proposición de ley.
Así, en sus enmiendas, establecen que el órgano fiscalizador «promueva buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción», así como «proponer medidas para corregir y prevenir prácticas inadecuadas».
Podemos añade «evaluar de manera sistemática los sistemas de prevención de la corrupción, analizando las actividades con mayor riesgo».
Nueva Canarias (NC), entre sus enmiendas parciales, plantea que, «en el marco de la fiscalización del sector público, alertar de todos aquellos hechos que puedan propiciar, facilitar o constituir actos corruptos».
