Caso Grúas: Clavijo era «el jefe» y «amenazaba»

14/11/2019

Demoledor testimonio del exdueño de la empresa contra el que fuera alcalde, luego presidente del Gobierno y ahora senador autonómico.

José Padilla, exdueño de la empresa con la concesión para el servicio de grúas en La Laguna, ha señado este jueves al que fuera alcalde de La Laguna, luego presidente del Gobierno canario y ahora senador autonómico, Fernando Clavijo, como «el jefe» de cuanto ocurría en la compañía, así como la persona que le daba indicaciones sobre a quiénes debía contratar. Todo ello aderezado con «amenazas» de que si no le hacía caso, le retiraban la concesión.

Ese demoledor testimonio se ha producido en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde Padilla declaró como testigo a petición de la fiscal Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez.

Pese a que la jueza Celia Blanco elevó ya un escrito al Tribunal Supremo informando de cómo estaba el procedimiento del caso Grúas dada la condición de aforado de Clavijo al convertirse en senador, tanto esa declaración como la del actual dueño de la empresa de grúas se han mantenido acogiéndose así a la propia jurisprudencia del Supremo y a la espera de que el Alto Tribunal diga si asume ya el procedimiento o espera a la ronda de testimonios que quedan. Para mañana están citados varios de los empleados que, según José Padilla, este contrató por orden expresa de Clavijo.

En su declaración, Padilla menciona una llamada telefónica de Clavijo en la que le abroncó por haber contratado a una persona sin su autorización, al tiempo que subrayó que los empleados que recomendaba Clavijo eran amigos suyos o de su familia.

El expresidente está investigado (imputado en la anterior denominación) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Precisamente este tercer delito se sustentaría precisamente en lo que hoy detalló Padilla: esas presiones para contratar al personal. En su escrito al Supremo llamó la atención que la jueza solo se refiriera a los indicios de prevaricación y tráfico de influencias.

La defensa de Clavijo había intentado que no se realizara la declaración de más testigos aludiendo a que la causa ya debía ser asumida por el Supremo.

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