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Imagen de archivo de la fachada de la Oficina de Atención Tributaria ubicada en Santa Cruz de Tenerife. C7
Canarias es la segunda comunidad que más dinero recibe de financiación autonómica

Canarias es la segunda comunidad que más dinero recibe de financiación autonómica

En 2023 el gasto en servicios públicos fundamentales por persona fue de 3.323 euros, 179 euros menos que la media nacional

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de junio 2024, 23:01

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Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma que más financiación recibe por ciudadano a través del sistema de financiación autonómica. Así, por cada canario se recibió 3.912 euros, 416 euros más que la media nacional (que es de 3.496 euros).

Por encima del archipiélago está Cantabria, donde los recursos por individuo fueron de 4.198 euros. A las islas le sigue Extremadura ( 3.839) y La Rioja (con una financiación por ciudadano de 3.896 euros).

Por el contrario, las más castigadas son Murcia con 3213 (283 euros menos que la media) y Andalucía, que recibe 3.284 euros (212 euros menos por habitante).

Se trata de unos datos de 2023 arrojados por la última actualización del observatorio de información económico-financiera de las comunidades competencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Para realizar este reparto de financiación, el Estado se basa en la 'población ajustada', esto es, que se tiene en cuenta diversos aspectos como las personas de más de 65 años que viven en el territorio, los estudiantes que hay o dónde se asienta la población (cerca de la ciudad, lejos, en pueblos, etc.). Estos parámetros también se han tenido en cuenta a la hora de recopilar los datos del observatorio.

Dependiendo de la financiación que reciba cada territorio, el gasto variará. La media estatal ubica el gasto en servicios públicos fundamentales en 3.502 euros por habitante. En Canarias la cantidad que se destina a dicho gasto se sitúa en 3.323 euros, 179 euros menos en comparación con la media.

Por sectores

Por sectores, en las islas se destinó de media por habitante 1.927 euros en Sanidad, superando en 72 euros la media estatal en dicho gasto (que es de 1.855 euros).

En Educación, se gastó 1.105 euros por habitante, esto es, 67 euros menos en comparación con la media estatal.

Con respecto a los servicios sociales, solo se gastó 306 euros por ciudadano, 114 euros menos en comparación con el gasto medio nacional, que fue de 420 euros.

Cantabria también es la comunidad que más gasto ejecuta por persona con respecto a los servicios públicos fundamentales (3.778 euros por habitante). Le sigue Cataluña (3.755 euros) y Extremadura (3.705).

El modelo de financiación autonómica se basa en recoger los ingresos que se perciben de las comunidades autónomas a través de la recaudación de impuestos como el IRPF. Incluye las entregas a cuenta y los recursos gestionados por las autonomías. Con la recaudación que realiza el Estado, una parte se destina a las comunidades autónomas.

Este sistema se va revisando para que la distribución se vaya ajustando a las necesidades de los territorios o los cambios en la economía.

Intenso debate

El debate sobre el modelo de financiación autonómica está sobre la mesa. Cataluña ha reclamado tener un trato diferenciado como el que tienen Navarra y el País Vasco, que recaudan por sí mismos los impuestos y entregan una determinada cantidad al Estado. La respuesta desde el Ejecutivo estatal ha sido que «es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña». Según los datos aportados por la Airef, el territorio catalán recibió 3.453 euros por habitante, 43 euros menos que la media.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto reunirse durante julio con los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas para estudiar la reforma de la financiación autonómica.

Ante esta situación el Gobierno de Canarias ha mostrado su rechazo a que el Estado le ofrezca a Cataluña un «trato singularizado» en este sistema de financiación, porque se podría poner en riesgo «el principio de solidaridad y equilibrio».

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