Canarias rechaza de plano una rebaja fiscal en medio de la crisis

En este sentido, insta a la oposición a no hacer «demagogia ni engañar a la gente» porque para tener «servicios potentes e infraestructuras adecuadas necesitamos una fiscalidad suficiente y justa», insiste. El presupuesto de 2022 prevé un crecimiento del 5%, similar al registrado este año, en torno a 420 millones de euros.

Rodríguez mantiene que no se deben subir ni bajar los impuestos aunque deja la puerta abierta a que se produzcan «ajustes concretos», como ya ha ocurrido en el caso del tabaco y el juego o la bajada del IGIC, que quedó a cero para mascarillas y otro material sanitario en el contexto de la pandemia. Sin embargo, insiste en que «no se tocan los impuestos que competen al autogobierno en medio de la crisis».

A su juicio, una reducción de la carga impositiva no influirá en la recuperación de la economía como pretende el Partido Popular, y recordó que Canarias tiene 12 puntos menos de presión fiscal respecto al resto del Estado y 17 en comparación con la Unión Europea. «No hay ningún territorio de la UE con menos presión fiscal», subrayó el vicepresidente, para hacer hincapié en que lo importante es mantener ese diferencial pero no aumentarlo «porque se rompe la cuerda», apostilló. Recordó que la imposición indirecta en el archipiélago es un tercio de la registrada en el resto de España -entre el 21% y el 23% el IVA frente al 7% del IGIC-, además del impuesto de sociedades sustancialmente más bajo. «Quienes quieren rebajar los impuestos también quieren más recursos para sanidad, para vivienda, para derechos sociales... eso es demagogia y engañar a la gente», reitera.

Ante la polémica abierta entre el PP y el Gobierno del Estado por los impuestos, el vicepresidente canario se mantiene en la defensa un modelo fiscal en el que «deben pagar más los que más tienen y se deben prestar servicios a la ciudadanía en función de sus necesidades», de forma que se mantenga una fiscalidad «progresiva y que persiga el fraude».

Por eso, el Gobierno regional defiende que los impuestos propios del Bloque de Financiación Canario no se deben tocar. En cambio, en el caso de los impuestos estatales cedidos, como el impuesto de donaciones y sucesiones (ISD) o el impuesto sobre transmisiones y patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD), sobre los que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa para bajarlos o subirlos, estaría dispuesto a una «armonización».

En este aspecto, Canarias se sitúa «en el medio». En palabras de Román Rodríguez, «somos partidarios de que el Gobierno o las Cortes Generales establezcan límites en estos impuestos, apoyaríamos esa armonización», para añadir que «no es razonable lo que hace Madrid, no compartimos las exenciones al impuesto de donaciones», que se bonifica en un 99%. En Canarias, el Gobierno de Coalición Canaria-Partido Popular hizo lo mismo, pero se recuperó este gravamen en esta legislatura y se limita la bonificación a los 300.000 primeros euros «de tal forma que se bonifica a las rentas bajas», explica el vicepresidente y consejero de Hacienda.

En cualquier caso, el peso de estos impuestos en la recaudación de las arcas públicas es pequeño. De cada 100 euros que ingresa la comunidad autónoma, 73 corresponden a financiación autonómica, más de 20 proceden de recursos fiscales propios y el resto viene de estos impuestos cedidos, que en números absolutos ha supuesto 217 millones de euros en los siete primeros meses del año, según los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

Uno de los últimos «choques» entre el Partido Popular (PP) y el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha tenido como argumento la posibilidad de un impuesto a la Comunidad de Madrid expresada por el ministro José Luis Escrivá y negada posteriormente por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Aún así, los populares han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reducir los impuestos para favorecer la recuperación económica después de la crisis provocada por el coronavirus, incluido el impuesto de sociedades hasta dejarlo por debajo del 20%.

Los conservadores insisten en la necesidad de reducir el IRPF a las familias para dinamizar la recuperación. Aunque prácticamente todas las comunidades gobernadas por el PP han aplicado recortes impositivos, para respaldar a su compañera madrileña en este nuevo rifirrafe con el Ejecutivo socialista, ya han anunciado más rebajas.

En Canarias ha sido la presidenta del PP, Australia Navarro, quien en línea con la posición mantenida por su partido, ha exigido al Gobierno regional que en las previsiones para los próximos presupuestos de 2022 incluya una rebaja de impuestos. Esta fórmula contribuiría, dice, a generar empleo, rescatar a las familias y pymes, además de propiciar el consumo y la inversión. Entre sus propuestas reitera devolver el tipo general del IGIC al 6,5% -que subió al 7% el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres al principio del mandato después de la bajada en la anterior legislatura-.