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Colas en la Jefatura Superior de Policía en la capital grancanaria para solicitar protección internacional en plena crisis migratoria. Arcadio Suárez
Canarias recela del Pacto de Asilo pese al desbloqueo de la UE

Canarias recela del Pacto de Asilo pese al desbloqueo de la UE

Los acuerdos sobre el reparto no dan garantías y temen que perpetúe un sistema en el que las islas se han convertido en un territorio de contención

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de junio 2022, 10:07

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Tras casi dos años estancado, el Consejo de Ministros de Interior de la UE ha aprobado recientemente en Luxemburgo un primer acuerdo sobre uno de los puntos clave del Pacto de Asilo: el mecanismo de solidaridad obligatoria para el reparto de refugiados en el que han incluido, además, la ruta atlántica occidental.

Pese a que los líderes calificaron el anuncio como un hito histórico, las islas miran con cautela los supuestos avances y cómo podrían afectar a la que es una de las principales puertas de entrada al continente europeo.

El coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, critica para empezar que con el sistema de solidaridad a la carta no hay compromisos de reubicación, por lo que no necesariamente equilibraría las presiones entre los países en primera línea y los que no. Además, parte de la base de que la naturaleza del pacto insiste en una política de externalización de fronteras que tampoco da garantías de Derechos Humanos a los migrantes.

El principal escollo de la negociación estaba precisamente en el capítulo de la solidaridad, que enfrentaba a los territorios fronterizos con otros como Polonia Y Hungría que se negaban a la acogida. El acierto de Francia, que preside este mes el Consejo, ha sido separar las distintas propuestas, consiguiendo el respaldo de una docena de países.

Falta concreción

Similar a la visión de CEAR es la que han manifestado diferentes voces políticas. Si bien desde el Ejecutivo ve el anuncio como un «paso adelante», estima que hace falta una mayor concreción en el mecanismo de reparto.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, se negó a ver avances y definió los acuerdos como «inconsistentes, decepcionantes y carentes de concreciones», al tiempo que cuestionó la efectividad de la acogida voluntaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por su parte, ha denunciado que el pacto «nos convertiría en un territorio de detención y retención», según declaró en el 36º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia celebrado a principios de mes.

En este contexto, apuntan que se daría cobertura legal a la situación que viven las islas a pesar de las duras críticas levantadas hacia el Estado y la UE tras la crisis de 2020. Por ello, consideran imprescindible utilizar todas las herramientas sociales, políticas y legales para oponerse a que el archipiélago se convierta «en un espacio de vulneración de derechos».

LOS RIESGOS

  • A la carta. Se establece un nuevo mecanismo de solidaridad en el que los Estados pueden elegir entre la reubicación, el patrocinio de retornos y otro tipo de apoyo técnico o económico.

  • Fronteras. Se crea un proceso acelerado que no distingue de forma clara cómo canalizar por los procedimientos de asilo o retorno, pudiendo aumentar la presión en las fronteras.

  • Identificación. Se obliga a un control previo a entrar en la UE y un registro en la base de datos de la Eurodac, sin garantizar el respeto a la no devolución.

El grupo de los 27 también llegó a acuerdos sobre el control de los flujos migratorios, en referencia, por un lado, al proceso de selección previo de inmigrantes, identificando a quienes crucen ilegalmente la frontera o sean rescatados en alta mar. Y, por otro, al Eurodac, la base de datos europea en la que se registran las huellas dactilares de las personas que solicitan asilo.

Preocupa tanto a las instituciones como las organizaciones del tercer sector que el uso extensivo de estos procedimientos dilate la estancia en los países en primera línea e incremente los internamientos, ya que no se ha acotado un tiempo máximo. También la propia definición de «territorio fronterizo», que bien podría reducirse a Canarias o abarcar el conjunto peninsular.

Otra mirada

Más allá del consenso europeo, el archipiélago insiste en que el enfoque de externalización de fronteras y el retorno no será la solución. A juicio de CEAR, la UE debería centrarse en implementar recursos y medidas para prepararse para la llegada de inmigrantes y no para evitarla.

La previsión ya no solo es que no cesará, sino que aumentará ante la escalada de conflictos y el cambio climático. «La urgencia de los desplazados ucranianos ha abierto un nuevo episodio para dar respuesta a la protección de los Estados y es el ejemplo de que si se quiere, se puede», afirma Lorenzo.

La estrategia canaria

Las instituciones canarias trabajan para adoptar nuevas estrategias en materia migratoria conscientes de la repercusión que seguirá teniendo en el archipiélago a largo plazo y con el fin de evitar los errores de la última crisis.

Por un lado, el Parlamento regional inició desde septiembre de 2021 una comisión de estudio para analizar todas las facetas del fenómeno y proponer soluciones que lo aborden de forma integral.

Hasta ahora, han tenido representación diversos agentes, desde Salvamento Marítimo hasta los medios de comunicación, las ONG, los migrantes o la Fecam, protagonista de la última sesión.

La Mesa prevé cerrar las comparecencias en julio, después de la participación de la Fecai y un representante del Estado. Esta intervención es la más esperada después de un año de retrasos, pero los grupos insisten en no finalizar el procedimiento de escucha hasta conseguirla por su gran relevancia en este asunto.

Si se cumplen los plazos, en septiembre los grupos presentarán propuestas para enriquecer el texto de las conclusiones del relator y para octubre se elevará el documento al Parlamento.

Por otro lado, para esa misma fecha el director del programa Canarias Convive, Vicente Zapata, ha anunciado que presentará las bases del futuro Plan Canario de Inmigración, impulsado por el Gobierno regional y la ULL. La iniciativa pretende desarrollar una intervención para la gestión del fenómeno y promover la convivencia intercultural, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

Es, en realidad, un segundo intento después de que el programa quedara en saco roto en la crisis de 2008. Desde entonces, la población se ha incrementado en tres cuartas partes por personas nacidas en otros territorios, lo que evidencia, una vez más, la necesidad de revisar políticas de manera que la inmigración «no se vea como un problema sino como un factor de progreso».

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