Canarias «premiará» en los concursos públicos a las empresas que tengan medidas de conciliación
La futura ley de conciliación corresponsable contará con un artículo específico que favorecerá a estas compañías en los pliegos
Las empresas que tengan incorporadas «medidas de conciliación efectivas» serán «premiadas» en los pliegos de los concursos públicos. Así lo recogerá un artículo específico de la futura ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral, que el Parlamento de Canarias aceptó a trámite esta semana, según adelanta la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y una de las máximas defensoras del documento, Luz Reverón.
La norma aún está en pañales. Lo que existe en la actualidad es un texto base, que ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, y refleja el consenso de sindicatos y empresas en el marco de la concertación social. Y es que su contenido afecta tanto al sector público como al privado.
Una vez se supere el periodo de enmiendas y se apruebe la ley, el Gobierno canario contará con un plazo de 18 meses para trabajar sobre el documento y perfilar «un plan autonómico de corresponsabilidad para intentar instaurar medidas que apoyen a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral».
A partir de ahí, los ayuntamientos harán lo propio y diseñarán sus respectivos planes municipales.
El impulsor de la ley, el diputado socialista Gustavo Santana, quien encontró en Luz Reverón su máxima aliada, pone en valor que los planes autonómicos están «normativamente vinculados a una ficha financiera», que en este caso partirá del 0,2% del presupuesto de la administración pública.
«Si hoy cogiéramos los presupuestos actuales o los que parece ser que van a entrar, con un incremento adicional de entre unos 400 y 500 millones, estamos hablando que, como base, el plan autonómico tendría 240 millones de euros», destinados íntegramente a la conciliación corresponsable y a la conciliación de la vida familiar y laboral.
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La norma se enfoca especialmente en las familias monoparentales o monomarentales y en las numerosas. El diputado socialista destaca algunas de las cuestiones que aborda, como es, en el ámbito del sector público, atender las características de las familias con personas con discapacidad o dependientes.
Otro aspecto que resalta, también dentro del ámbito público, es «promover el acceso a la permanencia o promoción laboral, especialmente de las mujeres», las más afectadas por el paro (casi el 60% de las personas desempleadas en Canarias) o por la contratación parcial (el 70%).
Para el diputado, el texto actual «es una base», que, en su opinión, «debe ser intocable», pero sí «mejorable», teniendo en cuenta que se debe adaptar a los avances normativos a nivel estatal, relativos a los permisos retributivos para cuidados y de paternidad y maternidad.
«Un órgano de gobernanza vigilará que se cumpla el plan»
El diputado socialista Gustavo Santana aclara que se establecerá un «órgano de gobernanza» que velará por el cumplimiento del plan autonómico, tanto en el ámbito público como el privado. Sin embargo, aún está por ver cómo se conformará. El objetivo de esta figura trasciende a la mera labor de vigilancia. Su fin último consiste en «acabar» con la «parcialidad involuntaria», es decir con las diferencias laborales y a la hora de asumir los cuidados que existen entre hombres y mujeres. «Si en Canarias existe precariedad, con quien se ceba es con las mujeres. Por ejemplo, la temporalidad es del 19,5% en mujeres y del 15,4% en hombres. Por lo tanto, hay que ayudar a intentar que esos datos mejoren en el futuro», repara.
