Canarias pide más flexibilidad conel superávit de los ayuntamientos

Ante una negociación que continúa abierta el objetivo compartido es que las corporaciones locales no vean limitado su gasto como hasta ahora y se les autorice a recurrir al dinero que tienen en los bancos para disponer de liquidez, e incluso en algunos casos a endeudarse si hiciera falta para atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

La primera oferta del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero -que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ni siquiera llegó a considerar-, planteaba autorizar un gasto máximo de 5.000 millones en dos años para el conjunto de los ayuntamientos españoles a cambio de la cesión al Estado de los otros 14.000 millones de euros acumulados, que les serían devueltos en el plazo de diez años. La propuesta limitaba además la capacidad de gestión de los gobiernos municipales al centrar el gasto en tres aéreas predeterminadas: agenda urbana, cuidados de proximidad y cultura.

Tras la revuelta de los ayuntamientos, que se han negado en redondo a aceptar las condiciones de Hacienda, todos los partidos esperan que el Gobierno estatal afloje el pulso para que pueda alcanzarse un acuerdo. Desde el Ejecutivo canario, el presidente Torres reconoce que la queja de los alcaldes está justificada y considera que la propuesta de Hacienda debería mejorar.

También NC se ha alineado sin fisuras con el rechazo a la propuesta estatal y reclama una autorización más elástica para que los ayuntamientos puedan gastar el dinero que ahora tienen ocioso en los bancos. El presidente de la formación nacionalista y vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, estima «injusta» la oferta de Hacienda y defiende que las corporaciones canarias, que acumulan un superávit de 4.200 millones entre ayuntamientos y cabildos, deben poder decidir cómo gastar un dinero que es suyo y que resulta vital para compensar la pérdida de ingresos ocasionada por el coronavirus.

Más dura ha sido la respuesta del PP, que califica de «atraco» la propuesta de Montero y considera «un disparate» que los ayuntamientos tengan que prestar todo su dinero al Estado a cambio de poder utilizar solo el 35% de sus recursos en dos años y el restante en otros diez. «Ya está bien de castigar a los que hacen las cosas bien», señala el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, «es un ataque frontal, el presidente Torres debe solicitar una reunión urgente con la ministra de Hacienda y pedirle que rectifique», añade.

Por su parte, el senador de CC por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ve «impresentable» la actitud estatal. «Es lo mismo que hizo el Gobierno del PP en la crisis anterior, capar el gasto para con el ahorro generado poder enjuagar sus cuentas ante Bruselas», señala, «y ahora el Gobierno del PSOE también se quiere apropiar del superávit de los municipios para ajustar su balance contable», añade. En su opinión la propuesta inicial es un «globo sonda» para pulsar la reacción y mejorar después la oferta, aunque si hay acuerdo «siempre saldrá ganando el Estado», asegura.